ENCUENTRO CIUDADANO
No hablaremos de La Cruz de Mayo, sino de otro rancho, donde su palabra es la ley.
Desde los años noventa del siglo pasado, ha habido cambios concretos en el ámbito político que propiciaron la autonomía de los gobernadores. En teoría, estos cambios son avances democráticos, por significar un contrapeso a lo que por mucho tiempo fue un Estado desmedidamente centralista. Sin embargo, entre sus resultados ha sobresalido el refuerzo de una conducta insólitamente caciquil y corrupta, que asociábamos al PRI, pero que emulan muy bien los gobernadores panistas. Veamos. José Varela, desde la perspectiva de un historiador político, propone una definición breve pero sustantiva para estos personajes: “tiranos chicos”. Paul Friedrich, propuso una definición más puntual: “un líder fuerte y autocrático en relación a los procesos políticos locales y regionales, cuya dominación es personal, formal o informal y generalmente arbitraria y que es ejercida mediante un núcleo central de familiares o dependientes, que se caracteriza por la amenaza y el ejercicio efectivo de la violencia”. Fernando Salmerón agrega a la definición otros elementos: el nombramiento y manipulación de las autoridades locales formales, el control de los recursos estratégicos más importantes, que bien pueden ser económicos, políticos o incluso, culturales. Una de las razones por las que en años recientes la figura del gobernador aparece tan autócrata, es la existencia de una cultura política, según la cual muchos gobernadores se consideran autorizados a ejercer un poder absoluto y a incurrir en abusos de derechos civiles, violencia legal y represora, gasto excesivo, falta de transparencia, cooptación de la prensa, desvío de fondos, nepotismo, machismo desenfrenado, impunidad y falta de empatía frente a las necesidades y el sufrimiento del pueblo. Estos neo caciques contemporáneos operan felizmente, por encima de las normas morales. Lo que piensan los demás, les vale madre (M.A. Márquez dixit).
Esto es un recordatorio de que todavía prevalece la cultura del patrimonialismo, con una dosis de corrupción, impunidad y falta de ética en el ejercicio gubernamental; permitido por una sociedad escasamente participativa, más bien apática para lo público y domesticada en la demanda de mejores gobernantes.
Regresando al rancho, Domínguez Servién ha acopiado, en cuatro años casi todas las características que sociológica y políticamente denominamos “cacique” o tirano chico. Ejemplo, hace un mes Domínguez presumía que “Querétaro es ejemplo de Estado de Derecho, un lugar donde se cree en la Constitución y en la ley, en la civilidad política a partir del diálogo, en la fortaleza institucional…”. Así el Querétaro ideal, pero hace unos días fuimos testigos de la detención de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, que se produjo después de que el gobernador fuera notificado de que el empresario presentó una demanda en su contra por daño moral en la Ciudad de México. Este hecho demuestra que “tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía hubo una orden de alguien sin control y sin medida que utiliza las estructuras a su servicio para ajustar cuentas con quien asume como sus enemigos” (PdeA), aunque tengan un amparo. Ni hablar de sus propiedades olvidadas en su declaración 3 de 3, su mecha corta para resolver a patadas sus diferencias, los frecuentes y onerosos viajes, su sueldo muy por encima del presidencial, el lastre del transporte y la seguridad pública, la operación de estado en las pasadas elecciones, la nociva gentrificación, la inacción ante suicidios, etc.
Somos testigos de una nueva época de corrupción y caciquismo gubernamental, a cargo de los nuevos virreyes.
Comentarios en Facebook a Fernando Corzantes y en fernandocorzantes@yahoo.com.mx
