ENCUENTRO CIUDADANO

El golpe institucional

Formamos parte de una generación que convive con la violencia galopante, la economía a favor de una minoría y la rampante corrupción, comprobando que el Estado ha fracasado en darnos seguridad, estabilidad y libertades básicas. Con la excusa de la violencia, la élite del poder nos vende como única salida la concentración del poder, integrando en su centro ahora a la casta militar. El precio de esta solución nos llevará a un espiral de mayor violencia y corrupción (a las que dicen combatir), de violación de derechos humanos y de amedrentamiento de líderes sociales que se opongan al régimen. Como lo señalo un amplio y plural grupo de expertos en derecho, el concepto de “seguridad interior” es ambiguo y problemático y su empleo diluye la separación que debería existir entre las acciones relacionadas con la seguridad nacional, que se encomiendan a las fuerzas armadas y las tareas de seguridad ciudadana, que se encomiendan a los cuerpos civiles de la policía. La propia Constitución Mexicana es clara al reconocer en su artículo 21 que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”. Los herederos políticos del salinismo vuelven con el mismo guión y con las mismas malas prácticas. La imposición de la Ley de Seguridad Interior fue impulsada, defendida y sancionada, por el compacto grupo en el poder como una de las piezas claves para enfrentar cualquier escenario político adverso. No es una bravuconada más de un grupo político con tendencia autoritaria. Fue un paso firme hacia un golpe institucional. La intervención militar destruye a las instituciones, estas dejarán de actuar en función de sus competencias para convertirse en herramientas de persecución. Jorge Carrasco dice que si los militares fueran el inicio de la solución como argumentan los promotores de la Ley de Seguridad Interior, hace rato que la delincuencia organizada ya habría sido contenida. La intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad no ha mejorado la seguridad del país, por el contrario las ha agravado; con la desaparición de personas y la tortura, así como las ejecuciones extrajudiciales. Desde que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) avaló en 1996 su participación en labores de seguridad pública, soldados y marinos se han convertido en parte del problema. Tras esa obsequiosa resolución de la Corte, el gobierno de Ernesto Zedillo empezó a usar al Ejército para operaciones específicas de captura de jefes del narcotráfico, bajo el supuesto de que eran más confiables y eficaces que los policías. Los usó también para tomar oficinas y ministeriales, comenzando a convertirse cada vez más en jefes de seguridad pública municipal y estatal. Desde entonces, no hay estado del país ni municipio importante en el que la seguridad pública no haya estado en manos de militares. Hoy por hoy, más de la mitad del país está en sus manos, a pesar de los conocidos casos de corrupción. Vivimos en el país una coyuntura política particular, que nos puede llevar a un revés en la construcción de la democracia. Los ciudadanos estamos hartos de la corrupción. La certeza de que la política es corrupta muchas veces nos lleva a refugiarnos en el espacio privado, lejos de la contaminación de la política y el ejercicio de poder. El problema no es solo que la corrupción seguirá, es que tenemos un actor político que pretende darle un golpe a un principio básico de la democracia: la separación de poderes civiles y militares en nuestro país. Existe una firme estrategia de descalificar las voces críticas que hablan de derechos humanos, cuando en realidad los ciudadanos tienen una obligación desde la perspectiva de rendición de cuentas, ya que además de ser una ley inconstitucional no se tomaron en cuenta las opiniones de los ciudadanos. El haberle quitado peso a los militares fue gracias a años de luchas por una vida cívica institucional; y lo que ahora ha pasado es dejar que el cinismo o la indiferencia nos ganen y se deje el terreno libre para que la historia nacional regrese al siglo XIX. El golpe institucional en ciernes abre la puerta para una presencia militar en todas las áreas reservadas a organismos civiles. Y los altos mandos del Ejército y la Marina, que han vociferado sobre la necesidad de la nueva ley, han arrastrado a sus miembros a una costosísima guerra, que además es una coartada para controlar espacios reservados a los civiles. Y peor aún, las instituciones nacidas del voto ciudadano para su representación, como el Congreso federal y los gobernadores ya abdicaron de su juramento a favor del pueblo.
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