ENCUENTRO CIUDADANO
La información pública y su transparencia
En los últimos años se ha generando en la sociedad una profunda preocupación sobre la inoperancia de la democracia, tanto en nuestro estado como en el país, en particular en el ámbito de la acción pública. Incluyendo como uno de sus valores fundamentales la transparencia y el acceso a la información, eslabones unidos a la rendición de cuentas de nuestros gobernantes. La transparencia y el acceso a la información pública son dos cualidades fundamentales de un gobierno representativo. Un sistema democrático, además de garantizar reglas claras y confiables para la competencia electoral y el ascenso al poder (cuestiones que se ven lejanas todavía), debe además proveer canales institucionales de acceso a la información que permitan a la sociedad conocer y evaluar, periódicamente y no sólo por medio del sufragio, sino también mediante otras formas de expresar preferencias, la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.
La transparencia y el acceso a la información son dos mecanismos que promueven la rendición de cuentas y ambos inciden directamente en el sistema democrático, contribuyendo a que una multiplicidad de actores, entre los cuales destacan los ciudadanos, organismos no gubernamentales, la sociedad civil, el ámbito académico e, incluso, los propios poderes públicos, impulsen y favorezcan la creación de canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad. Esto es, permitir a la ciudadanía realizar un escrutinio crítico, bien informado y periódico sobre el ejercicio gubernamental. Además, con la participación de instancias ciudadanas, pueden reducirse los costos asociados a la supervisión y vigilancia del ejercicio del poder.
Sin embargo, es preciso reconocer, que ante la ausencia de una regulación jurídica aplicable en la materia, el acceso a la información haya quedado como una concesión graciosa de la autoridad, sujeta a la buena voluntad de los funcionarios públicos y a la disponibilidad física de la información, a la cual se le colocan cada vez más obstáculos.
La transparencia y acceso a la información pública son de vital importancia para los ciudadanos, ya que permiten monitorear los actos del gobierno y de forma general controlar el accionar de la gestión pública, mediante la exigencia de una permanente rendición de cuentas por las decisiones que se toman. Un ciudadano que enfrenta vacíos y lagunas de información sobre los asuntos públicos no tendrá la oportunidad de expresar su opinión en temas inherentes a la administración gubernamental. Visto desde esta perspectiva, no puede existir democracia sin que existan mecanismos de “libre acceso de las personas a las fuentes de información pública (que) es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa” y que tal acto contribuye al combate a la corrupción y “a la cultura del secreto como práctica, y asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa pública”; consigna la Carta de Santo Domingo de la UNESCO (2012). En el ámbito político y dentro de un proceso de democratización, al garantizar el derecho de acceso a la información se auspicia el proceso de consolidación democrática en el que todos y cada uno de los servidores públicos deberán rendir cuentas a los ciudadanos. El acceso a la información es una de las tareas más importantes de la agenda democrática nacional, en el entendido de que la democracia, como forma de participación en el gobierno, depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en el ámbito público. Sin duda, un Estado más transparente será por consecuencia más eficiente. Esta mejoría en la eficiencia estatal no sólo se reflejará en el largo plazo en un fortalecimiento del erario público, que es patrimonio de todos, sino también de la economía en su conjunto.
Así podremos evitar sorpresas como las acontecidas en las administraciones municipales, estatales y federal, que pasaron del abuso a la rapiña de los recursos públicos. Además de que la administración federal careció de un escrutinio público eficiente, que diera cuenta oportuna no sólo del origen, destino y aplicación de los recursos, sino en los resultados a favor de la mayoría en la aplicación de las políticas públicas.
Pero al parecer a la construcción de la democracia en éste ámbito, nuevamente estamos llegando tarde.