ENCUENTRO CIUDADANO
De tandas, corrupción y violencia
Hace un par de días Peña Nieto entregó en Tuxtla Gutiérrez, las primeras tarjetas de ayuda económica del Fondo Nacional de Atención a Desastres (Fonden), que van de 15 a 120 mil pesos, según sean los daños causados por el terremoto. Con ese dinero, sugirió el mandatario, las familias deberían organizarse por ellos mismos y reconstruir sus viviendas. Señalando: “Creo que si se organizan a modo de tandas cuatro familias y deciden entre todos construir una primera casa, luego la que sigue y la que sigue, y así las cuatro casas. Y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas”. Hasta aquí el organizador de tandas presidencial. Reconstruir viviendas, escuelas e infraestructura del patrimonio cultural de las entidades dañadas por los sismos implicará alrededor de 37 mil 500 millones de pesos, según estimaciones del gobierno federal. Pero el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), tiene un presupuesto de sólo 9 mil millones. Cifras que queda aún más ridícula si se compara con el desfalco reciente en diez estados que asciende a cerca de 182 mil millones de pesos. Y hay más, ya que existen otros dos desastres sociales arraigados en el país que devoran más recursos, la corrupción y la inseguridad, que cuestan 347 mil millones de pesos el primero y 230 mil millones de pesos el segundo, de acuerdo con cifras oficiales. El Banco de México (Banxico) y el Banco Mundial, señalan que la corrupción en México representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB). El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) la sitúa en 10% del PIB. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha reportado que en números equivale a 347 mil millones de pesos, una cifra parecida a la de México ¿Cómo Vamos? que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año. A las empresas la corrupción en materia regulatoria costó mil 600 millones de pesos durante 2016, reveló una encuesta del Inegi. Por cada compañía, el promedio fue de 12 mil 243 pesos. El costo de los actos de corrupción cometidos por la clase política, el sector empresarial y la ciudadanía, que van desde sobornos hasta desvíos de recursos o enriquecimiento ilícito, obstaculiza las inversiones, entorpece la producción, distorsiona la asignación de los recursos públicos y con ello el crecimiento económico.
En el Informe sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017, el Departamento de Estado norteamericano ubica a México por tercer año consecutivo como un lugar donde es muy común el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno, la falsificación de facturas y otros fraudes. Representantes de negocios, incluyendo compañías estadounidenses creen que fondos públicos son a menudo desviados a compañías privadas e individuos, debido a la corrupción y perciben que el favoritismo está extendido entre funcionarios gubernamentales dedicados a adquisiciones.
Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que durante 2016, el costo de los actos de la corrupción en el sector privado fue de mil 600 millones de pesos, mientras que un 82% de la población consideraron que dichos actos son frecuentes por parte de los funcionarios. En Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí se concentran los costos más elevados de estos actos delictivos en materia regulatoria. En el caso de Quintana Roo, el costo promedio fue de 146 mil 771 pesos por compañía por actos de corrupción. En el 65% de las unidades económicas de México se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, mientras que en el 40% se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 31% se originan por la obtención de licencias o permisos, indicó el INEGI. De ahí el temor ciudadano sobre el destino de los recursos (de todo tipo) para los danmificados. Ahora, el costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2016 fue de 230 mil millones de pesos, lo que equivale al 1.1% del PIB, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 del Inegi.
En el otro ámbito, y como uno de los ejemplos más dolorosos de la violencia, es la violencia de género, que también tiene un elevado costo social y económico. Derivado del daño físico y emocional que demanda gastos médicos, terapia psicológica, ausentismo laboral y aplicación de políticas públicas, la violencia contra las mujeres costó en México 245 mil 118 millones de pesos en 2015, lo que equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el estudio “El costo de la violencia contra las mujeres en México” realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). Aunque su autora, la académica Hilda Rodríguez, precisó que el costo es aún más elevado, ya que sólo se midió la violencia en el interior de los hogares por parte de la pareja en mujeres casadas.
Como se puede observar, los graves problemas estructurales del país, no pueden resolverse con tandas.
Comentarios en Facebook a Fernando Corzantes y en fernandocorzantes@yahoo.com.mx
Hasta el próximo “Encuentro ciudadano”.
