ENCUENTRO CIUDADANO

La turbia propaganda y comunicación social

Al triunfo del grupo Sonora en la Revolución, el aparato de estado fue puesto al servicio de la clase política allegada al poder. En materia de comunicación e información el estado tomo el control y de los cañonazos de a 50 mil pesos, se pasó con la prensa a una burda compra de voluntades y de notas. La madurez del régimen le llevo a crear en 1936 la Dirección de Publicidad y Propaganda, integrante de la Secretaría de Gobernación, desde entonces las oficinas de comunicación social (OCS), hacen su aparición, allegadas al espacio del control político. Y ochenta años después, hay cosas que no han cambiado mucho. El aparato gubernamental mexicano se ha obligado a crear instituciones que le ayuden a mantener y acrecentar su legitimidad ante la sociedad; de manera continua busca mantener la lealtad de las masas, exaltando logros gubernamentales en materia de obra y servicios públicos. Las oficinas de comunicación social con su estructura y funcionamiento actual, son un espacio importante para el logro de esa función. Sin embargo, la ciudadanía ve hacia otro lugar; demanda un nuevo tipo de instituciones gubernamentales que cumplan, sus funciones de manera transparente y apegada a la ley. Que sean auténticas fuentes que faciliten el acceso a la información que genera la actividad gubernamental, con base en la ley existente. Lo anterior viene a colación, dadas las vicisitudes en materia de publicidad oficial, libertad de expresión y la relación con los medios de comunicación, que revelan una situación anómica en México y en nuestro estado. Veamos. A un año de terminar su administración, Enrique Peña Nieto no creó la instancia reguladora de la publicidad oficial prometida y hasta el momento el gasto en éste rubro sigue creciendo mes a mes y año con año. De 2013 a 2016, el Gobierno de la República gastó 37 mil millones de pesos en publicidad y de continuar así, al finalizar el sexenio se habrán gastado 60 mil millones de pesos sin ninguna transparencia. Así, la publicidad oficial se traduce en relaciones financieras opacas y discrecionales entre gobiernos y medios en el país, terreno fértil para la censura y el desarrollo de redes de corrupción. Para junio de 2017, el gasto preliminar de publicidad oficial se ubica en mil millones de pesos y el presupuesto aprobado para este año es de 3 mil 700 millones de pesos. Esto es la mitad de los 7 mil millones para el gasto de los nueve partidos políticos y los candidatos “independientes” en 2018.

Ahora, en Querétaro se ha creado una atmósfera mediática enfocada a destacar sólo el discurso oficial del Gobierno estatal y sus satélites municipales. Con sus honrosas excepciones, basta acercarse un poco a los encabezados de los diarios, las notas periodísticas, noticieros radiofónicos, revistas, etc., para confirmar que esta visión homogénea privilegia el discurso oficial, todos publican lo mismo y como señala el maestro Gabriel Corral “el gobierno busca una prensa cómoda, ya que la clase política y económica es cada vez más intolerante a la crítica o a alguien que tenga una posición divergente a la postura o a las noticias que aparecen de manera cotidiana en la prensa local”. Además, la falta de transparencia y el interés de mantener ocultos los montos destinados a la publicidad oficial, muestran el control que se ejerce sobre los medios, incidiendo en la línea editorial de periodistas y medios de comunicación. Resalta el incumplimiento a diversas solicitudes de acceso a la información, dirigidas al área de Comunicación Social del Poder Ejecutivo y de cada Municipio, lo que agrava la percepción de que Querétaro es uno de los estados más opacos en materia de transparencia en cuanto a la publicidad oficial, al negar reiteradamente información sobre el tema. Hace unas semanas de los 18 municipios del estado, sólo tres (Peñamiller, Colón y Ezequiel Montes), respondieron a una solicitud de información sobre sus gastos de comunicación social y publicidad. De acuerdo con el Semanario Tribuna, el Municipio de Querétaro gastó de julio a diciembre de 2016, más de 50 millones de pesos por concepto de publicidad gubernamental. Indicio que nos habla de más de cien millones por año. Pero esta información no sólo se oculta, sino que se le enmascara. Y más en la temporada de informes. Los responsables de inhibir información deberían pensar que un estado más transparente será por consecuencia más eficiente. El acceso a la información gubernamental debe realizarse a través de una participación activa y responsable en la construcción y refuerzo de la rendición de cuentas, incidiendo en la eficiencia administrativa y creando las condiciones aptas para que los ciudadanos supervisen el ámbito gubernamental. Lamentablemente la estructura comunicativa del régimen, difiere del modelo de comunicación que merece la sociedad, y al parecer en estas oficinas ofrecer transparencia no es parte de su oficio, sino fundamentalmente lo es la protección de la imagen de sus superiores.