Sin temor a equivocarme, México es de las naciones que más participación tiene en acuerdos internacionales para atender diferentes temas, principalmente comerciales. Y en materia ambiental no ha resultado diferente, pero como he expuesto en otras ocasiones, tenemos grandes pendientes que hacen pensar que solo pasamos en firmar para salir en la foto del recuerdo y quedar bien con el mundo o al menos con lo vecinos de la cuadra regional.
Una de estas participaciones se firmó hace apenas algunos años. Se denomina Acuerdo de Escazú y lo signaron en total 24 naciones de Latinoamérica y el Caribe en Costa Rica. Esto ocurrió un 4 de marzo del 2018.
Fue, en alguna medida, revolucionario este documento pues abrió las puertas a algo que podemos llamar democracia ambiental. Ya no se trataba solo de acciones cotidianas como el reciclaje o la reforestación de zonas. Este gran acuerdo tiene objetivos fundamentales para garantizarnos un equilibrio sano con el desarrollo de nuestros entornos, pues se trata de implementar de un modo pleno los derechos de acceso a la información ambiental, así como sentar las bases para la participación pública en la toma de decisiones, además de crear y fortalecer las capacidades para la cooperación a efecto de contribuir a la protección de los derechos ambientales de cada persona, tanto para las actuales generaciones como para las venideras. Y todo con la meta final de que vivamos en un medio ambiente sano y sostenible.
Como podemos apreciar, se trata de un acuerdo profundo a favor de la gobernanza ambiental. Es decir, si el gobierno pretende llevar a cabo la implementación de políticas públicas que pueda trastocar nuestro entorno, se tendrán que generar los mecanismos de participación de quienes habitan en las zonas, para que su voz sea escuchada en la toma de decisiones final.
El acuerdo entró en vigor para todos los países miembros un 22 de abril del 2022, Día de la Madre Tierra. Una fecha, sin duda, significativa.
Pero (siempre esos peros), hay grandes brechas que se derivan de la firma de este importante acuerdo. A más de un año de que entró en vigor el documento, en México no se han llevado a cabo las modificaciones correspondientes a las leyes de acceso a la información para incorporar justamente los tópicos ambientales, además de establecer sistemas de información ambiental que estén bien actualizados.
Y, sobre todo, brindar protección a los defensores ambientales a través de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Esto es radicalmente importante. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó en 2021 al menos 108 agresiones en contra de quienes defienden entornos. En ese mismo año, lamentablemente, 25 fueron asesinados.
Como se puede ver, es un tema de presente y futuro, pero sobre todo un asunto que ya es impostergable por las vidas que actualmente están corriendo a cuenta de la omisión de quienes deberían estar estableciendo el marco regulatorio que brinde certeza y seguridad a estos valientes perfiles.
No hay una visión promisoria, pues como vimos en la columna anterior, la asignación de recursos deja mucho que desear para un país como el nuestro, y lo digo con dolor porque las decisiones del gobierno federal en materia ambiental nos están negando el derecho a un mejor futuro.
