En la vida cotidiana generalmente lo que parece ser termina siendo, pero en política no es así, o al menos así se aprecia al ver las machincuepas verbales y argucias jurídicas en que han incurrido el presidente y su partido para negar que es precampaña lo que es una abierta precampaña.
El presidente y su partido dicen, que no es precampaña porque no están en el proceso electoral y porque no están eligiendo candidato sino un coordinador de la defensa de la cuarta transformación. Y en parte tienen razón, el artículo 227 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, en su fracción b) indica que son actos anticipados de precampaña los que se realicen desde el inicio de proceso electoral y hasta antes del plazo legal para el inicio de precampañas, y en efecto, el proceso electoral inicia en la tercera semana de noviembre y por lo tanto, estrictamente no son actos anticipados al no encontrarse en ese periodo.
Pero parece que a sus asesores se les olvidó que la misma ley, en su artículo 226, párrafo 3 dice textual: “Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE LAS PRECAMPAÑAS; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato. Y eso no está sujeto al inicio del proceso electoral, la norma no señala límite temporal, el que aspire tiene que esperar los tiempos que la ley señala. Es un principio de equidad en la contienda, para evitar que quien tiene acceso a los medios de poder se adelante y avasalle a quien no los tiene.
Dicho artículo, aunque llama precandidatos a quienes por sus propias disposiciones no pueden ser precandidatos, por estar fuera del tiempo del proceso electoral, impone la prohibición para hacer actos de proselitismo o difundir propaganda, en cualquier momento, no solo dentro del plazo que señala el artículo 227, cosa que no han dejado de hacer quienes públicamente ya se reconocieron como aspirantes desde sus puestos públicos.
Todos ellos han declarado su intención de participar en los procesos internos de su partido para ser presidentes de la república, han hecho proselitismo, formado comités, pintado bardas y contratando espectaculares anuncios, antes de la fecha de inicio de precampañas, y es hasta hoy, que han sido fijadas las reglas de un proceso diverso, que se dicen aspirantes a coordinar la defensa de la cuarta transformación.
La necesidad de un posicionamiento apresurado de los aspirantes ante la opinión pública, los hizo salir a hacer franca y descarada labor de proselitismo y todos, incluidos las comparsas de los partidos adherentes, han sido explícitos en sus intervenciones citando que van por la presidencia de la república.
Al presidente y su partido les gusta manejarse en el filo de la navaja en cuanto al cumplimiento de la ley electoral, y en el ejercicio presidencial incluso al margen de otras leyes y hasta de la Constitución.
Al parecer piensan que contar con respaldo popular justifica el pasar por encima de la ley, igual que lo hacen otros líderes como Donald Trump, que acusado de 37 delitos, graves la mayoría, confía en que la presión popular y política le permitirá eludir su cumplimiento.
Ya en el pasado, estas artimañas le permitieron al presidente López Obrador competir por la regencia del Distrito Federal sin tener la residencia, e igual le sirvieron para que, por el desacato de una sentencia judicial, evitar la sanción y ser candidato presidencial.
Ahora van de nuevo y para ello les sirvió el hacer de los consejeros electorales y del INE unos villanos, a partir de que no les permitieron poner a un violador como candidato en Guerrero, precisamente por no haber presentado la comprobación de los gastos de su precampaña, excusándose éste del cumplimiento con el mismo argumento que hoy exhiben, es decir, que no estaba en los tiempos de precampaña y por lo tanto no obligado. Pero ese era otro INE, que sancionó e impidió el registro de Salgado Macedonio.
Hoy tenemos casi un año viendo las campañas de los aspirantes, hacen proselitismo, contratan propaganda, se promueven, pero dicen que no es campaña porque no estamos en periodo electoral y los aspirantes dicen que quieren ser presidentes pero no son precandidatos precisamente porque no los han declarado como tales, y el INE, colonizado con una presidente a modo, calla.
En los términos estrictos del artículo 226 párrafo 3, debería impedírseles el registro como precandidatos, que dicen que no son, cuando lo son, y dicen que no es campaña cuando lo es. Pero el presidente ya invitó a Palacio Nacional a los consejeros electorales para que complacientes, se hagan de la vista gorda y se chupen el dedo.
El presidente no tuvo empacho en descubrir que presionó a ministros de la Corte para darle la vuelta a un precepto constitucional sobre la guardia civil, y seguramente no dudará para llamar a sus emisarios en el Consejo del INE para que declaren que no es, lo que en realidad es; una campaña adelantada, prolegómeno de su maximato.
