El secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, y el secretario de Organización del partido en la entidad, Ángel Balderas Puga, se pronunciaron sobre las declaraciones del diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega Guerrero, quien planteó la posibilidad de incurrir en un desacato legal ante la reforma judicial.
Alejandro Pérez Ibarra consideró que resulta delicado que un representante popular plantee abiertamente incumplir un mandato constitucional, incluso, calificó como “sumamente grave” la postura del legislador panista.
“Nos parece sumamente grave las declaraciones del diputado Memo Vega, en donde se declara que prefiere estar en un desacato legal; imagínate nada más, un representante popular promoviendo y aceptando estar en un desacato jurídico con un pretexto político, me parece sumamente irresponsable”, afirmó.
En cuanto a la reforma judicial, Pérez Ibarra sostuvo que el tema de la elección y votación de jueces y magistrados debe atenderse, en su opinión personal, desde una perspectiva técnica y logística, y no desde una óptica partidista.
“Me parece que el tema de la elección tiene que resolverse más en una cuestión logística, bajo un marco de referencia técnico y no político”, expresó.
Respecto a las elecciones judiciales en Querétaro, Ángel Balderas Puga señaló que en otras entidades del país ya se ha empatado la elección del Poder Judicial con los procesos electorales estatales, y afirmó que en el caso de Querétaro fue el PAN quien no adecuó la legislación local cuando tuvo mayoría en el Congreso.
Esto lo señaló, luego de ser cuestionado sobre la posibilidad de que en 2027, haya elecciones tanto judiciales como para elegir los cargos de alcaldes, diputaciones y gobernador.
“Fue el PAN el que impidió que en 2024 las queretanas y los queretanos votáramos por cargos locales del Poder Judicial”, sostuvo, al señalar que ahora existe una obligación constitucional que debe cumplirse, independientemente de posturas partidistas.
Finalmente, los dirigentes de Morena advirtieron que cualquier actor político que opte por el desacato deberá asumir las consecuencias legales correspondientes.
“No es un tema de querer o no querer; es una obligación constitucional que se tiene que cumplir”, concluyeron.
