El patíbulo en el cual ha convertido Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado dos reacciones excluyentes, el terror de miembros de órganos autónomos y el Poder Judicial, y la beligerancia, encarnada en la Alianza Federalista, que ante la manera autocrática como gobierna el Jefe del Ejecutivo, decidieron apostar por un bloque que, en la defensa de la doctrina que promueve la separación y el respeto de los poderes federales, intenta crear un contrapeso, ante el enanismo del Legislativo y el amedrentamiento del Judicial.
En el primer caso, cada vez emerge más información que muestra la cobardía dentro del Instituto Nacional Electoral, encabezada por el consejero Ciro Murayama, durante la votación sobre los nuevos partidos. No cayeron en ello fueron, pues aunque con votos a veces contradictorios, no jugaron el papel preponderante de Murayama. El jueves, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE autorizó el registro de México Libre como partido. El viernes, Murayama planteó que esa organización encabezada por Margarita Zavala y promovida por su esposo, Felipe Calderón, había presentado un 8% de las aportaciones recaudadas -1.2 millones de pesos- sin identificar el origen de los donantes.
Más allá de los alegatos políticos que se derivaron de la negativa del INE a otorgarle el registro, hay dos vertientes, técnica y política, como explicó Javier Tejado en su columna en El Universal, que desmenuzan la actitud de Murayama, apoyado por el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova. El alegato de Murayama fue que México Libre utilizó la aplicación CLIP para cobrar vía celular, que no aportaba información clara del donante. Tejado recordó que ese sistema lo empezó a utilizar México Libre en mayo, y que no fue sino hasta agosto cuando el INE le pidió la información de las personas que donaron por esa vía.
México Libre, apuntó Tejado, no tenía la totalidad de los números de cada tarjeta de crédito por una simple razón: ni CLIP ni otras tarjetas bancarias imprimen el número completo en los recibos—protección contra fraudes cibernéticos. Pero el INE, que podía haber solicitado la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no lo hizo. El argumento de Murayama, por tanto, como calificó Tejado, fue “absurdo”. En la parte subjetiva está el contexto: López Obrador odia a Calderón y está en campaña permanente contra los consejeros para que reduzcan sus gastos, sobre todo sus salarios.
López Obrador tiene en la mira a varios de sus consejeros, sobre todo a Córdova y Murayama, a quien quedó claro que el Presidente desprecia. Tocar la música que quiere oír el inquilino de Palacio Nacional, no los salvará. El Presidente respeta a quien le aguanta sus ataques, no a quien se arrodilla. El mismo mensaje se replicará con el Tribunal Electoral, que ha mostrado que tiene las rodillas más endebles que el INE, y que tendrá que probar cuando le llegue la impugnación de México Libre, de qué está hecho.
No quiere decir que tenga que rectificar la decisión del INE, sino argumentar sólidamente porque, pese a las deficiencias e insuficiencias que subrayó Tejado, ratifica el fallo. La otra argumentación del INE, que se recaudó afuera de las iglesias, se cae por la aprobación del registro al confesional Encuentro Solidario, al servicio de López Obrador, cuyos ministros de culto recaudaron personalmente las donaciones. Pronto se verá si en el Tribunal Electoral también terror, o los magistrados tienen la solidez técnica independiente para argumentar a favor o en contra del fallo, y la entereza política para enfrentar el linchamiento en Palacio Nacional que vendrá, si consideran que la decisión del INE fue equivocada.
Con el ánimo en sus antípodas, 10 gobernadores, varios de ellos que se cuentan entre los más beligerantes frente a los atropellos federalistas de López Obrador, rompieron con la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, que consideraron ya no cumple la función para la que fue creada en 2001, de “fortalecer el federalismo mediante mecanismo democráticos”. Entre ellos, hay cuatro que se juegan su resto, porque el próximo año terminan su mandato: Javier Corral de Chihuahua, Ignacio Peralta de Colima, Silvano Aureoles de Michoacán, y Jaime Rodríguez de Nuevo León.
Peralta es priista, como Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, los únicos de ese partido que se fueron de la CONAGO. Riquelme termina su mandato en 2023, por lo que el revire de López Obrador podrá ser ejecutado, como le gusta, en frío, como sabe mejor la venganza. En 2022, quienes enfrentarán la ira presidencial por el desafío político que representan, terminan su periodo los panistas Martin Orozco de Aguascalientes, José Rosas Aispuro de Durango, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. En 2024, finalizan el panista Diego Sinhué Rodríguez de Guanajuato, y Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano de Jalisco.
López Obrador minimizó la ruptura de la CONAGO –mancha muy negra sobre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no pudo mantener a los gobernadores rijosos bajo control-, y dijo que era parte de la democracia. Qué ironía en su retórica, Fue ante la ausencia de democracia por el irrespeto al federalismo, consagrado en la Constitución, y su política de terror contra la clase política –evidente en la actitud opaca del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno-, la razón por la que rompieron los gobernadores con ese mecanismo de interlocución que consideraron agotado, por lo menos en la actualidad, y decidieron marchar en bloque para seguir enfrentando, con la construcción de otro instrumento de diálogo, los embates y represiones presupuestales ordenadas por el Presidente.
Son tiempos contenciosos los que vivimos. Sabemos cuándo comenzaron pero no cuándo ni cómo terminarán. En juego, por más que se quiera ocultar, está la democracia.
NOTA: Por un error, se identificó a la Secretaría del Bienestar, como Secretaría de Desarrollo Social, su anterior nombre.
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