En medio de acusaciones de fraude legislativo, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó en lo general una ley secundaria de la reforma al Artículo 21 constitucional que fortalece las facultades de investigación y de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En dicha legislación se mantiene el acceso irrestricto de la SSPC a cualquier registro existente, biométrico o telefónico, situación que la Oposición ha catalogado como una “Ley Espía”. Durante el transcurso de la sesión será analizado otro dictamen vinculado a esta norma, que refuerza la acusación de los opositores.
El dictamen que expide la Ley Genera del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue avalado con 444 votos a favor, incluidos legisladores del PAN, MC y una fracción del PRI.
Pese a la aprobación, la Oposición cuestionó que el dictamen de la Comisión de Seguridad fue sustituido por una propuesta de modificación impulsada por Morena y sus aliados, la cual fue publicada la madrugada de este miércoles.
Entre estas modificaciones se ajusta la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública para establecer en su artículo 5 que el Sistema contará con una plataforma de inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -adscrito a la SSPC- interconectada a los sistemas de instituciones de Seguridad Pública del Estado, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y a información de particulares.
La reforma aprobada mantiene la facultad del titular de la SSPC para solicitar a las instituciones de seguridad pública, a los demás entes públicos y a entes privados, el envío de información contenida en cualquier registro, incluido de datos biométricos o telefónicos, entre otros.
Además, incluye las “solicitudes de colaboración con entidades públicas y privadas”, a través de las cuales la Secretaría concretará mecanismos de coordinación y colaboración para el suministro y envío de información al Centro Nacional de Inteligencia.
El emecista Gibrán Ramírez calificó la discusión como un “desaseo legislativo” mayor al del Senado, que inició el pasado lunes un periodo extraordinario sin los dictámenes a discutir.
“Vemos las incorporaciones que se hicieron en la madrugada. Desde el 13 de febrero se publicaron las iniciativas y unas horas antes de su discusión, buscan modificar buena parte de lo presentado originalmente sin discusión previa, sin hacer política”, afirmó.
En otro de los ajustes se elimina la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil al que las instituciones de seguridad tendrían los accesos necesarios para la investigación de delitos.
De acuerdo con la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, esta modificación obedece a que el padrón está considerado en la reforma en materia de telecomunicaciones.
“Se elimina el registro obligatorio de usuarios de líneas telefónicas, lo cual suena muy bien, pero es una modificación engañosa porque se elimina el registro, pero se mantiene la concentración de información en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, dijo.
Además, la norma aprobada faculta al Consejo Nacional de Seguridad Publica para resolver, previa garantía de audiencia, sobre la cancelación de la ministración de las aportaciones federal para estados y municipios en materia de seguridad por un periodo determinado cuando no cumplan con sus acuerdos y sobre la restitución de esos recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que se generen.
Lo anterior a pesar de que la aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y la materia fiscal es una atribución local. Incluso el priista César Domínguez, recordó que la suspensión de recursos es algo que no puede hacer ni la Presidencia de la República.
