La relatora especial de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados reiteró sus críticas a la reforma judicial, a unas horas de que sea debatida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“(La reforma) es extremadamente inusual, es sui generis en el mundo, es algo que no hemos visto antes, ver a todos los jueces removidos de esta manera. Si bien pudiera decirse que es una reforma democrática para hacer a los jueces más cercanos al pueblo, de hecho los hace menos responsables democráticamente, pues a quien deben responder los jueces es a la ley y la Constitución”, afirmó la relatora Margaret Satterthwaite.
La representante participó en la conferencia de prensa matutina de jueces y magistrados federales, agrupados en el Colectivo Artículo 41.
“Hay potencial de gran politización del acto de juzgar. Hay nuevas oportunidades de influencia de actores económicos, legales e ilegales, y un daño al imperio de la ley. Juzgar no es un trabajo fácil, se requieren habilidad técnica y aprendizaje sobre la marcha. Cambiar a jueces que tiene muchos años de experiencia va a dañar al sistema mismo, porque se va a reemplazar a jueces experimentados con novatos”, agregó Satterthwaite.
La relatora estadounidense, quien responde al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha sido la crítica internacional más activa de esta reforma, por la cual todos los jueces serán electos por voto popular.
Desde el 29 de junio, Satterthwaite había comunicado al Gobierno de México su preocupación por lo que entonces sólo era una iniciativa del Ejecutivo.
Ahora, la relatora mencionó que la reforma cubre los tres indicadores de alerta sobre posibles violaciones a la independencia judicial.
“Un primer indicador es cuando el sistema de nombramiento no está diseñado para asegurar que los jueces son por mérito. Y el mérito según estándares internacionales se base en tres elementos: capacidad y entrenamiento, honorabilidad y habilidad”, dijo.
“La elección por voto popular pone en grave riesgo la independencia si no se hace bajo los requerimientos que mencioné”.
El segundo indicador es la facilidad para remover a los jueces.
“Cuando los jueces en funciones son removidos en masa, sin responder a estas razones y sin debido proceso, es un riesgo enorme para la independencia”, explicó la relatora, en alusión a que todos los jueces y magistrados tienen que competir y ganar en las elecciones, o perder el puesto, pese a que muchos de ellos ya estaban ratificados y eran inamovibles.
Satterthwaite también criticó la elección por voto popular de los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), cuyas decisiones serán inatacables”, expuso.
“El tercer elemento es cuando se eliminan las barreras contra las presiones externas. Por ejemplo, que las cuestiones disciplinarias no sean usadas como una herramienta política para deshacerse de jueces que no le gustan al gobierno. Aquí tenemos un sistema que es políticamente influenciable, al ser electos por voto popular los miembros del Tribunal de Disciplina, lo que es otro gran riesgo para la independencia”.
