Ariel González
De forma por demás conveniente, el pasado fin de semana Claudia Sheinbaum prefirió guardar silencio acerca de los foros que su partido planea realizar como antesala de la reforma del poder judicial, la más ambiciosa meta de la cuarta transformación si consideramos las repercusiones que tendrá en el futuro de México. La idea es, como se sabe, que los jueces y magistrados sean electos democráticamente. Sí, mediante el voto, como lo son los diputados y senadores, pero con la encomienda de impartir justicia. (Si a la Suprema Corte de Justicia ya llegó la “ministra del pueblo” Lenia Batres por designación presidencial, ya podemos imaginar el tipo de jueces con que contaremos cuando se los pueda elegir “libremente”, pero por supuesto asociados directamente al gobierno de Morena).
Ella no dijo nada sobre el tema, pero en cambio el diputado Juan Ramiro Robledo, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, fue muy claro al apuntar que los foros “de consulta” que se están organizando son solo para “oír” lo que digan los juristas expertos en la materia, los interesados y, desde luego, los opositores, pero de ningún modo -según dijo- para debatir con estos sus observaciones, señalamientos o propuestas.
En el fondo se trata de una puesta en escena muy burda que recuerda la actuación de los policías: uno, el bueno, es el que habla razonablemente, incluso con la aparente idea de dialogar con el prisionero; el otro, que puede ser violento o extorsionador intenta encaminar las cosas por los caminos que mejor conoce. En este caso, Claudia tiene el bondadoso rol de quien democráticamente llama al diálogo, al entendimiento y la deliberación (aunque se ha cuidado de concretar una propuesta para materializar sus maravillosos pronunciamientos); pero sus camaradas del partido son los encargados de regresarnos a la cruda realidad: se hará exacta y exclusivamente lo que ellos decidan, es decir, lo que Presidente López Obrador ya les ordenó. Y esto no es otra cosa más que hacer funcionar la aplanadora de su mayoría para aprobar, sin quitarle una coma, su paquete de reformas.
¿Por qué un colectivo formado en la disciplina de la servidumbre habría de parlamentar con los juristas u opositores cuando jamás lo ha hecho ni siquiera a su interior? Para ellos todo esto representa una formalidad, una bonita farsa porque ya saben “por dónde van las cosas” (tal y como lo advirtió el diputado Juan Ramiro Robledo). Con genios de esta laya no hace falta más que completar el trámite “democrático” al que por lo visto nos pretenden acostumbrar. Inauguraremos de esta forma un trayecto en el que en breve se habrán desmantelado definitivamente los pocos contrapesos con que todavía contamos.
Y es que lo que hemos visto en los últimos días no ha sido otra cosa más que una comedia bufa en la que López Obrador insiste en su planteamiento de reforma, la presidenta electa finge de dubita sobre los tiempos y formas montando la idea del diálogo, para que luego los empleados más eficientes del Ejecutivo, los legisladores, retomen sus instrucciones sin chistar. Estos tienen como único obstáculo legal que la propuesta de reforma no ha sido dictaminada, lo cual puede incluso provocar que sea desechada, como ha advertido Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, algo que evidentemente no le gustaría al líder máximo de Morena.
Aprovechando el enorme apoyo electoral ganado el 2 de junio, en Morena sienten que no tienen por qué ni para qué abrir paso al diálogo sobre este o cualquier otro de los temas que componen el paquete de reformas planteadas por López Obrador en el llamado Plan C. Así pues, el gesto “democrático” de Sheinbaum ha sido más para intentar tranquilizar a los mercados financieros, algo que no consigue cabalmente.
¿Por qué los mercados están preocupados especialmente por la reforma al poder judicial? Pues por la sencilla razón de que trastocaría de manera sustantiva eso que se conoce llanamente como Estado de derecho, introduciendo una incertidumbre muy evidente sobre el efecto que pueden tener los dictámenes y sentencias de los “jueces del pueblo” sobre un sinfín de asuntos.
Venimos de un sistema judicial en el que priva la impunidad y, por supuesto, la corrupción, pero atribuirle a los jueces y magistrados la responsabilidad total de esta situación es uno más de los demagógicos y manipuladores análisis que suele hacer Morena de la realidad nacional. Ya podemos anticipar que, aun con una escasa participación, la opinión obvia de muchas personas, en caso de una encuesta, será favorable a la reforma.
Y se aprobará entonces la reforma y sufriremos sus catastróficos efectos, pero no alcanzaremos la anhelada justicia, que responde a diversos factores que simplemente son ignorados por la reforma en cuestión. A la regresión política que supone el poder absoluto sin contrapesos, le acompañará un sistema de justicia a modo, plagado de los mismos viejos vicios que se busca supuestamente dejar atrás y de muchas otras nuevas perversiones que la justicia “del pueblo” nos tiene reservadas a todos por igual (siempre que no se pertenezca a la nueva elite política que supuestamente ha “regenerado” al país).
La simulación y la farsa de los foros que prepara Morena es el anticipo de una forma autoritaria, sin límites ni restricciones, de ejercer el poder. Y como no conocen la ley, o conociéndola no la respetan, pasarán por encima del orden constitucional argumentando su “regeneración” en nombre de los intereses del pueblo. Estamos, al amparo de la mayoría electoral, en el desfiladero donde veremos caer los logros de nuestra transición democrática.
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