En el Congreso de la Unión existen alrededor de 15 iniciativas pendientes de análisis que proponen revisar el financiamiento público a los partidos políticos, unas pretenden reducirles asignaciones y otras eliminarlas, refiere el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
En su investigación “Gasto y fiscalización electoral en México: 1997-2017”, señala que la eliminación del financiamiento público para partidos políticos no es recomendada por organismos internacionales como IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) y otros cuerpos políticos como el Consejo de Europa, este último, a través de un reporte especial sobre el funcionamiento del financiamiento de partidos políticos.
El objetivo de asignar fondos públicos a los partidos políticos es evitar la influencia de agentes privados en decisiones legislativas o de gobierno, ya que en otros países se han documentado relaciones de dependencia de candidatos y organizaciones partidistas hacia organizaciones privadas por buscar fondos para campañas.
El documento señala que las iniciativas propuestas en el Congreso de la Unión no toman en cuenta los problemas derivados del actual modelo de fiscalización y de los requerimientos presupuestales del Instituto Nacional Electoral en razón de sus nuevas facultades derivadas de la reforma político electoral de 2014.
Según el IBD, las multas asignadas a los partidos son ínfimas ante las proporciones del presupuesto público que reciben en años subsecuentes, por lo que es necesario mejorar los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las multas y el financiamiento.
El reporte del IBD revela que el esquema actual de multas a los partidos -derivado de la revisión de sus informes anuales y de campaña- es insuficiente para disuadirlos de conductas ilícitas, tales como: obtener financiamiento de origen desconocido o gastar sin objeto partidista.
Además, aunque existen nuevas causales de nulidad para cualquier elección -como el rebase de topes de gasto de campaña, utilizar recursos públicos con fines electorales y el uso de dinero ilícito- el actual modelo de fiscalización no es suficiente para detectarlos.
El IBD señala que, en el caso de los topes de gasto de campaña, la pronunciada disparidad de criterios del cálculo de éstos en las entidades federativas hace poco plausible que se pruebe su rebase.
