Para el Gobierno de Estados Unidos, la reforma constitucional que se discute en el Congreso mexicano no fortalece al Poder Judicial ni aborda los problemas de corrupción que se pretenden atacar.
Así lo aseguró la Embajada norteamericana en un nota diplomática, enviada el pasado 23 de agosto al Gobierno de México, en respuesta al reclamo lanzado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a la representación diplomática de incurrir en una “burda acción injerencista” por opinar sobre asuntos internos.
“Como lo expresó el Embajador Salazar, Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el Poder Judicial del Gobierno de México”, se lee en el documento.
En la nota, la Embajada también advirtió que respeta la soberanía del País y que Estados Unidos tiene interés en identificar cualquier acontecimiento que limite la capacidad de integración y colaboración.
“Con respecto a las preocupaciones de la Secretaría (de Relaciones Exteriores) de que los comentarios del Embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México, aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México”, refiere.
“Al mismo tiempo, mientras trabajamos de manera conjunta como socios para hacer realidad la integración económica de América del Norte y abordar los desafíos de seguridad compartidos que afectan directamente a nuestros dos pueblos, es del interés de los Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos juntos”.
El pasado jueves, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la eventual aprobación de la reforma judicial podría poner en riesgo la democracia, la relación bilateral en materia comercial y hasta permitir la infiltración del narcotráfico en las elecciones de juzgadores.