¡Viva el tren eléctrico! Pero… La Secretaria Raquel Buenrostro, titular de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, reconoció ante los senadores que el tren Maya se inició sin un proyecto; en español, el Tren Maya se lanzó como el Borras. Conforme pasa el tiempo y la presencia de su promotor se desvanece aparece la chocante realidad.
El Tren Maya ha recibido al tercer trimestre de este año, subsidios por 11 mil 862 millones de pesos para su operación; ha generado recursos por 134 millones 940 mil pesos. El tren puede operar gracias a un subsidio de 98.9 por ciento. Debería de transportar ocho mil doscientas personas, pero sólo lo utilizan 1600. Está bien que un servicio público no opere teniendo como principal propósito la ganancia, pero también es cierto que los ciudadanos no podemos cargar con esa deuda.
El problema es que tan poca viabilidad financiera podría acabar clausurándolo, ya desde ahorita ningún empresario se atreve a aceptar en el Tren Maya ninguna concesión. Sí queremos el tren eléctrico, pero precisamente porque lo queremos, no deseamos que sea una obra fugaz. Se corte el listón y al poco tiempo, se clausure el tren por operar con números rojos.
La Secretaria Buenrostro ante los senadores prometió una reforma a la Ley de Obras Públicas para evitar que se repita semejante salvajada de improvisación. Es en esta propuesta de Reforma donde nuestros diputados y senadores federales, y posteriormente los locales, tienen una alta y grave responsabilidad. Les adelanto una propuesta para su trabajo legislativo, que hoy más que nunca se exige para la buena realización del tren eléctrico.
Existe una deformación política, contaminada por la vanidad y su prima hermana, la soberbia, cada vez que accede al poder una nueva clase política, considera que parte de cero; que antes de que ellos gobernaran no había nada. Pues con la mala noticia que sí había y lo primero a lo que están obligados a saber es: ¿Cuáles eran las soluciones que se trataban de implantar para superar los problemas que, efectivamente, siguen sin resolverse. Uno de ellos, por supuesto: el infaltable cáncer de la corrupción.
¿Cómo lograr que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública que realice el Gobierno Federal, se hiciera de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y honradez consagrados por el artículo 134 de nuestra Constitución? ¿Cómo prevenir, abatir, controlar, detectar y sancionar prácticas de corrupción e impunidad, así como a dar transparencia a la gestión pública y al mismo tiempo lograr la participación de la sociedad?
La entonces Secretaría de la Función Pública firmó un Acuerdo en el que crea los “Testigos Sociales”. Los Testigos Sociales son representantes de la sociedad civil que vigilan que los procedimientos de contratación y realización de toda obra pública de la Administración Pública Federal se realicen con legalidad, imparcialidad, competencia y transparencia. Este Acuerdo permanece vigente, pero sin cumplirse.
La responsabilidad de los legisladores queretanos es que ese Acuerdo se adapte y actualice conforme con las nuevas exigencias de nuestra realidad social, la que hoy por hoy es especialmente sensible a los temas de ecología y el cuidado del agua. Que ese acuerdo se plasme en la reforma a la Ley de Obras Públicas que prometió la Secretaria Buenrostro y que ahora sí se cumpla.
Los legisladores queretanos se encuentran ante dos grandes oportunidades. Primera, olvidarse de siglas, colores, filias y fobias y dejando a un lado intereses particulares y partidistas se sumen a un proyecto común por el bien de Querétaro.
Segunda oportunidad, tanto o más importante. Querétaro fue cuna de la Constitución, trabajemos para que Querétaro sea ahora cuna de la participación de la sociedad civil en el marco de un nuevo federalismo.
Estemos pendientes de su actuación, que estén conscientes que de ella dependerá el éxito del Tren Eléctrico y su futuro político.
