WASHINGTON D.C. En mi columna anterior expuse los escenarios en que el presidente López Obrador estaría dispuesto a comenzar el proceso para que México saliera del T-MEC. Comente que para responder a esta interrogante tendríamos que analizarlo considerando dos supuestos. Primero, que tendrían razón EU y Canadá alegando que sí ha habido violación al Tratado y, segundo, que el presidente López Obrador ante ninguna circunstancia estaría dispuesto a dar marcha atrás en su política energética. De ser ciertos estos dos supuestos, concluí que hay una alta probabilidad que en cualquier momento López Obrador anuncie que se sale del T-MEC.
Este anuncio no lo hará el 16 de septiembre. De hecho, sería un error hacerlo ese día y él lo sabe. Pero en su alocución seguramente preparara el camino advirtiendo, que, aunque remota, esa posibilidad existe. Es decir, doblará la apuesta. Así podrá ir evaluando cómo va el proceso y en caso que no vaya de acuerdo con sus expectativas, anunciaría la salida del T-MEC antes que el panel dictamine en contra de México. El presidente López Obrador nunca aceptaría que una “potencia colonizadora intervencionista neoliberal” le imponga condiciones o sanciones a Mexico. Iría en contra de su discurso y lo que ha defendido durante toda su vida. Esta estrategia le permitirá además aseverar que, como lo hizo con la cancelación de NAIM, lo advirtió con suficiente antelación. En mi anterior columna expliqué cuáles podrían ser las consecuencias y quien terminaría pagándolas de tomar esta decisión.
¿Existen otras alternativas? Sí, las hay. Una de ellas tiene que ver con una frase que el presidente López Obrador utiliza con frecuencia: “reparación del daño”. Esta alternativa le permitiría decir que no hubo violación al T-MEC y que México sí es un país confiable para la inversión extranjera. ¿En qué consistiría esta maniobra? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo se haría esta reparación del daño? El gobierno mexicano podría ofrecer a los inversionistas extranjeros comprar sus empresas.
¿Cómo se determinaría el precio a pagar? Una forma de calcular este incluiría el valor de la inversión original más una tasa de retorno que podría ser o no la que la que habían calculado los accionistas. Algo similar a lo que se hizo con los inversionistas de los bonos de NAIM, que según entiendo, los extranjeros quedaron satisfechos. Se les garantizaría a todas las empresas que realizaron inversiones en infraestructura energética el pago durante los próximos 15 o 20 años de acuerdo con las estimaciones que hicieron cuando decidieron invertir. Con esta estrategia se acabarían las reclamaciones y no habría sanción. Todos felices. Esta maniobra tiene además la ventaja de poder demostrar que el gobierno de México sí está produciendo energía limpia.
Por supuesto queda la pregunta ¿de dónde saldrían los recursos para pagarle a los dueños de las empresas? En el caso del retorno al capital, este saldría de los cobros que haría la Comisión Federal de Electricidad a sus clientes empresariales, tal como lo hubieran hecho las empresas extranjeras. En cuanto al pago de la inversión original, el problema les quedaría a las siguientes administraciones. Por supuesto que AMLO podrá decir que esto no es diferente a lo que sucedió con el Fobaproa, donde el presidente Zedillo tomo una decisión que obligó a administraciones posteriores a pagar. De hecho, ha mencionado que a la fecha su gobierno sigue pagando esa deuda.
Una segunda posibilidad, que es más compleja, sería que el gobierno mexicano se ponga de “acuerdo” con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Como funcionaría esta estrategia? A cambio de aceptar algo que le interese al gobierno norteamericano, Biden se “encargaría de convencer” a los empresarios norteamericanos. Por supuesto todo esto, incluyendo lo que aceptaría México, se haría por debajo del agua. La página sigue abierta.
