Al destacar que por primera vez en años se ha delimitado la línea entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Norma Lucia Piña Hernández, la Secretaria de Gobierno Lupita Murguía se dijo confiada en que por encima del entorno político y las disputas, el máximo ente de justicia habrá de actuar apegado a derecho en torno al Plan B, recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación “Veo como algo alentador y espero que así sea, que las resoluciones de la Suprema Corte cuenten con todo el respaldo social para que puedan actuar como un poder independiente”.
Compartiendo el mismo criterio de los ex gobernadores Mariano Palacios y Enrique Burgos en el sentido de que la Suprema Corte nunca había estado ante un reto de tal magnitud y de forma tan visible y frontal como lo es la posibilidad de echar abajo una iniciativa promovida desde el despacho presidencial “De alguna manera, la opinión pública tiene los ojos puestos en su actuar. En sus resoluciones. Al parecer, el Poder Ejecutivo le está lanzando un reto y corresponde a ellos el determinar su actuación”.
El Plan B de la Reforma Electoral, fue publicado en el DOF en los primeros minutos de este 2 de marzo, por lo que para hoy, entraría en vigencia sin que sus disposiciones sean aplicables para los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México.
Con la publicación del Plan B, también comenzó a correr el reloj para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto y determine si se incurre en actos de inconstitucionalidad, teniendo como fecha límite el 31 de mayo del presente año. De acuerdo a las leyes, se requiere el voto de al menos ocho de los once magistrados de las Salas Superiores y quienes deberán avalar la Acción de Inconstitucionalidad promovida desde el bloque opositor.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) no se ha quedado cruzado de brazos. Y es que interpuso una Controversia Constitucional ante la SCJN contra el Plan B, misma que fue acogida por el ministro Alberto Pérez Dayán. Va específicamente contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la General de Responsabilidades Administrativas “El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, señala el acuerdo del ministro Pérez, donde admitió a trámite la denuncia del INE.
