Lo irrelevante, según la Real Academia Española, es lo que carece de importancia y en la vida nacional mexicana no hay nada tan irrelevante como el gabinete del Poder Ejecutivo Federal.
Presupuestalmente disminuido, carente de iniciativas que no deriven de la voluntad presidencial, constreñidos sus titulares a ser patiños en las conferencias matutinas, sus determinaciones, acuerdos u opiniones son totalmente irrelevantes, salvo por las consecuencias negativas que su abúlica actuación acarrea para los usuarios de sus servicios o para el público en general.
El excesivo protagonismo de la figura presidencial, se ha encargado de borrarlos de la presencia pública y cuando surgen por algún acaso o circunstancia, terminan siendo descalificados, corregidos y hasta regañados en el tribunal mediático en que se han convertido las pláticas mañaneras. No debiera sorprender que esto suceda, dada la escasa o nula preparación que para el desempeño del cargo tiene cada uno de los titulares de las carteras ministeriales aunado a que la mayoría debe su nombramiento a la lealtad (sumisión) al presidente y a su proyecto, o solo concepto, de desarrollo de la nación.
Aun los que cuentan con credenciales que los autorizan como especialistas en alguna materia, como el tan ahora irrelevante, López Gatell, han subordinado las opiniones técnicas a la voluntad y conveniencia política, y cuando se han atrevido a anteponer la técnica y el razonamiento científico al oportunismo electoral que caracteriza a las decisiones del ejecutivo, terminan siendo cesados, renunciados, o cuando menos, regañados públicamente y enmendadas sus decisiones.
Cuando menos, dos Secretarios de Hacienda, y uno de Semarnat han sido desterrados del olimpo presidencial por mantener sus criterios y otros asesores y funcionarios como Alfonso Romo o Julio Scherer, han abandonado sus escritorios por evidentes diferencias. Incluso quien fuera un tiempo figura relevante, solucionador de problemas aún fuera de su competencia, el canciller Marcelo Ebrard, que lo mismo resolvía problemas migratorios que de desabasto de combustible, o compra de vacunas en la emergencia por Covid-19, o en la demanda internacional contra los fabricantes de armas estadounidenses, bastó que anunciara sus intenciones de participar en la sucesión presidencial para ser objeto del frío presidencial y ser tachado de imprudente por no enviar un representante a la toma de posesión, por enésima vez, del dictador de Nicaragua.
La omnímoda presencia del presidente, su muy personal concepto del uso del poder presidencial para desarticular la administración pública, especialmente aquellas estructuras que signifiquen contrapesos a su voluntad y autoritarias decisiones, ha terminado por hacer irrelevantes, insuficientes, ineficaces y poco confiables, los esquemas de atención institucionales, lo que redunda en desconfianza e incredulidad de la población en las decisiones y acuerdos de quienes debieran ser autoridades creíbles y confiables.
No hay nada tan irrelevante el día de hoy, como una declaración o un aviso del subsecretario López Gatell que ha perdido toda credibilidad y confianza de la ciudadanía. Irrelevante es también, la actual Secretaria de Educación ante la emergencia educativa dictada por la pandemia. En esa materia, todo al libre albedrío de las entidades federativas, o de los directores de las escuelas o rectores universitarios, incluso hasta de la CNTE. La autoridad está ausente.
Y podemos seguir con la Secretaria de Seguridad, que no controla ni a la Guardia Nacional y menos al Ejercito Nacional y la Marina, que tratan de cumplir las órdenes directas de su comandante en jefe, pero que están siendo excelentes constructores y administradores de aduanas y puertos, mientras la delincuencia controla vastas zonas de la geografía nacional y se exhibe por las calles con vehículos fortificados, armamento sofisticado y hasta su fuerza aérea de drones atacando Tepalcatepec.
Por otra parte, la Secretaría de Bienestar, que controla el mayor presupuesto, convertida en una simple caja pagadora y administradora electoral de los programas sociales, sin incidir ni un poco en la movilidad social, o en la generación de condiciones para superar la pobreza y reducir la desigualdad.
Hay un grave riesgo para la democracia y el régimen de instituciones que nos dimos los mexicanos, en el demerito de la administración civil y en la presencia cada vez mayor de las fuerzas armadas en funciones civiles. El empeño presidencial en abrir el camino a una democracia participativa, desordenada y a capricho, como es el proceso de revocación – ratificación de mandato, amparado por un supuesto apoyo mayoritario, cuando en realidad somos una sociedad dividida y enfrentada, solo puede abrir paso a una oclocracia, donde una muchedumbre desinformada y desinteresada legitime las acciones de un gobierno hecho de palabras, rico en demagogia y pobre en realizaciones.
Como colofón baste citar a Polibio: “Cuando la democracia se mancha de ilegalidad y violencias con el pasar del tiempo se constituye la oclocracia” (Historias 6.4.10). Las consecuencias de esta irrelevancia institucional, seguidas del uso arbitrario del poder son una amenaza a la democracia que deja de ser útil a la sociedad tan pronto como comienza a presentar vicios favoreciendo los intereses de algunos, y no de la población en general.
