Se han dado generaciones de discusión en relación con el libre comercio y medio ambiente y para ser preciso, según los especialistas, se ha llegado hasta la tercera generación, sin embargo, hoy con las decisiones de Trump sobre la imposición de aranceles, se abre la cuarta generación de discusión, que versa sobre el opuesto, es decir, sobre las restricciones arancelarias en el comercio.
La tercera generación versó más sobre los resultados ambientales deseados y luego estudiará los resultados positivos o negativos. Pero hay que señalar, que el tercer enfoque, puntualizó que el comercio no debía detenerse o limitarse hasta que los problemas ambientales mundiales se resolvieran, sino simplemente que, a la hora de desarrollar políticas, es importante tener presente que el objetivo principal no es el libre comercio como fin en sí, sino que tengamos un planeta sustentable y sano. Lo cual evidentemente no ha sucedido hasta el momento. Dado que el principal propósito de la liberalización comercial (sin barreras arancelarias) es incrementar el crecimiento económico, de ahí que el comercio afecta inevitablemente el nivel de protección ambiental.
El comercio y las fallas institucionales en el campo del medio ambiente provocan que no se cumpla el requisito de que la liberalización comercial y el desempeño ambiental deben desarrollarse paralelamente.
De ahí que el bióxido de carbono, por ejemplo, continúa aumentando, a medida que el PIB per cápita se incrementa.
Si las reglas ambientales varían por diferencias en el clima, geografía, niveles de contaminación existentes, densidad de población, nivel de desarrollo u otros factores naturales, las variantes que se presenten en los estándares u otros factores naturales, deberían ser consideradas apropiadas.
La tan cacareada imposición de aranceles a los productos contemplados podría impactar a 4.7% del total de las exportaciones mexicanas. Pues se contemplaban bienes como: autopartes, electrodomésticos y productos electrónicos, cruciales en la industria de al menos once entidades mexicanas.
Casi todo el mundo consideraba varias consecuencias por la imposición de aranceles, como son: incremento en los precios de los productos importados (lo que trae a consecuencia menor consumo); disminución de la cadena de suministros (lo que acarrea, disminución de transporte de mercancías); disminución de la producción de productos para importación (lo que produce menor consumo de energía y agua).
Así es que el comercio mediado por aranceles, como es el caso actual, provocaría una menor contaminación y emisión de CO2, menor consumo de energía y agua, menor extracción de recursos naturales, recorridos menores del transporte de mercancías, fortalecimiento de la producción y consumo local.
Por otra parte, México debería considerar aplicar aranceles verdes como un plan B a las importaciones de productos de los Estados Unidos, ya que éste país es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero.
Pues dichos aranceles verdes al carbono son impuestos que gravan a los bienes importados según su contenido de emisiones de carbono.
Con ello, se estaría promoviendo la transición verde, descarbonizar la economía global, fomentar la competencia justa, e Incentivar a los productores a adoptar prácticas más sostenibles.
Ya se tiene el caso de la Unión Europea en donde el Parlamento Europeo aprobó el 18 de abril de 2023 el -Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono-.
En el marco del Pacto Verde Europeo, la Unión Europea (UE) anunció en el 2019 su intención de establecer un “arancel verde” que gravaría las importaciones de productos con un alto contenido en CO2 (inicialmente para el hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad, hidrógeno) provenientes de otros países. Los objetivos eran tanto asegurar una competencia justa entre empresas que operan en el mercado interior (que son mayoritariamente europeas) y empresas radicadas fuera, como avanzar en el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París.
Dentro de los objetivos que se materializarán en la UE a través del Pacto Verde Europeo y de su paquete de implementación, se encuentra el Objetivo 55 (más conocido como Fit-for-55) que incluye el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono CBAM (por sus siglas en inglés).
Posteriormente, en diciembre de 2022, la Comisión, el Parlamento y el Consejo cerraron los trílogos que han dado lugar al acuerdo del CBAM. El cual se contemplaba que podría entrar en vigor en una primera fase piloto de recogida de información en el pasado octubre del 2023 y sin embargo, ha requerido una modificación del complejo régimen de comercio de derechos de emisión (ETS por sus siglas en inglés) para evitar que el CBAM fuera considerado discriminatorio y, por tanto, incompatible con la normativa OMC.
Lo que implicaba una reforma para la eliminación gradual de los permisos de emisión gratuitos a medida que se pone en marcha el CBAM. Y recordemos que desde la década de los 90, la Unión Europea viene intentando vincular el comercio y el clima en los acuerdos de la OMC, pero se ha topado históricamente con la oposición de ciertos países como los Estados Unidos EEUU, que ni siquiera tiene un sistema como el ETS que ponga precio a las emisiones de carbono a nivel Federal.
No obstante, la emergencia climática ha estado cambiando el clima político. Y en México se identifica el cambio climático como uno de los mayores problemas al que se enfrenta el mundo y está, en general, a favor del Acuerdo de París, los impuestos ecológicos estatales, los mercados de bonos de carbono, las regulaciones jurídicas climáticas, el monitoreo de la calidad del aire, la transición energética, los programas de acción climática (nacional y estatales) y el pago de servicios ambientales, introducir cláusulas medioambientales –y también sociales– en sus acuerdos comerciales, así como el abogar por la soberanía estratégica, las relaciones de respeto y colaboración abierta con los demás países y sus vecinos del norte.
Estos aranceles verdes podrían ser un gran paso adelante en la lucha contra el cambio climático si algunos de los grandes emisores de carbono (como Estados Unidos) modificasen su normativa, compromisos internacionales y responsabilidad medioambiental para poder vender en el mercado internacional sin pagar el arancel.
Dicho arancel verde sería un arancel sobre productos intensivos en carbono importados por México para garantizar la coherencia entre los objetivos climáticos. Uno se preguntaría ¿si se trata de proteccionismo o responsabilidad global contra el cambio climático?
La motivación resulta ser muy clara, pues si México obliga a sus empresas a reducir y pagar las emisiones, pero no se asegura de que las importaciones internalicen dentro de su precio el costo social de las emisiones generadas en su producción, resultaría en una inequidad comercial y ambiental.
En esta medida, el arancel verde no es un mecanismo proteccionista, ni recaudatorio, sino uno de los instrumentos para avanzar en la consecución y logros de los objetivos y metas climáticas basado en un terreno de juego equilibrado.
Y frente a los caprichos y amenazas de Trump de imponer aranceles, hay que recordarles su responsabilidad ambiental en el comercio global, los Acuerdos Internacionales (como el Acuerdo de Paris), y los compromisos de reducción de emisiones. En lugar de impulsar una economía basada en combustibles fósiles, el desmantelamiento de la EPA y su retiro del Acuerdo de Paris y con ello, el financiamiento climático que había suscrito y prometido.
La puesta en marcha de un arancel verde, no es un acto ni de venganza ni de proteccionismo, sino de responsabilidad climática en un mercado global, que repercute positivamente al interior de cada país.
El objetivo, por tanto, trataría sobre el aseguramiento de una competencia justa entre empresas que operan en el mercado interior (que son mayoritariamente mexicanas) y empresas radicadas fuera del país, así como avanzar en el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París.
Dichos aranceles verdes pueden favorecer que se aceleren las inversiones limpias en los mercados. Por otra parte, hay que decirlo que en la actualidad, la OMC no está en absoluto preparada para equilibrar las ventajas de las políticas industriales nacionales centradas en el clima y sus consecuencias negativas en las relaciones comerciales. En este sentido, es decir, las normas de comercio internacional deben dejar margen para los aranceles basados en el carbono, ciertas disposiciones relativas al abastecimiento verde y otros programas de políticas similares. En dicha medida, las cláusulas ambientales incluidas en el Artículo XX,(de la OMC) convenidas hace casi 30 años, en 1994, resultan ambiguas y están muy alejadas de la urgencia que reviste actualmente la crisis climática mundial. La forma en que se gestione esta tensión comercial y ambiental determinará el futuro de la relación entre México y los EUA.
