Esta magnánima obra, que el gobierno federal se ha jactado en reconocer, cómo una de las obras más representativas, al prometer unir por vía férrea a una de las zonas más turísticas del país, la cual congrega a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; además de ser una fuerte amenaza para el medio ambiente, lo es también contra los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos.
En un comunicado, firmado nada menos que por 14 relatores de la ONU y otros expertos, se expresó el temor de que la obra de 1 500 kilómetros, con una inversión final aproximada de 300 mil millones de pedos, ponga en peligro los derechos a la tierra, los recursos naturales, la cultura; así como un medio ambiente sano y sostenible.
Por otra parte, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), admitió una queja interpuesta por las omisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la aplicación de la legislación ambiental, en la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, las cuales podrían estar vulnerando, el capítulo 24 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Es decir todo mal; el tren maya atenta contra los derechos humanos, contra el medio ambiente y, *vulnera* el capítulo ambiental del TMEC, así tal cual; y sin embargo, a pesar de todo ello, el gobierno decidió blindarlo elevándolo a la categoría de “proyecto de seguridad nacional” para que nadie lo toque.
De hecho, el propio organismo internacional lamentó que las personas defensoras, que han llegado a expresar sus preocupaciones sobre los graves efectos, llegan a enfrentar amenazas e incluso, ataques a su persona. Es decir, estamos hablando incluso, de un tema de integridad de las personas, así como de su seguridad.
Al respecto, Fernanda Hopenhaym, presidenta del grupo de trabajo de la ONU, sobre empresas y derechos humanos, calificó como preocupante, el hecho de que la obra haya sido categorizada como de seguridad nacional; pues el hecho genera un potencial riesgo de que se den violaciones a los derechos humanos, lo que merma el propósito del proyecto, que es llevar desarrollo social y económico, inclusivo y sostenible en los 5 estados por los que atraviesa. Y ya ni hablar, de la participación del ejército en la obra. Es, por donde se vea, un asunto de gravedad.
El Gobierno federal, tiene una obligación para evitar estos agravios; garantizar a las comunidades afectadas una participación directa en el proyecto; y por otra parte, transparentar los impactos ambientales y las evaluaciones de derechos humanos en el desarrollo de esta magna obra. Lo anterior, como premisa para prevenir cualquier posibilidad de violación.
Cero y van 6 los hechos, en los que el gobierno federal muestra una indiferencia rotunda por el medio ambiente; refinería de dos Bocas; la ausencia de un plan hídrico eficiente contra la sequía nacional; la caída de 55 escalones en materia energética; el deficiente presupuesto federal en la misma materia; la falta de colaboración para el combate en el cambio climático y, el tren maya que rompe con la estabilidad ambiental de 5 estados; y esto sólo mencionando algunos.
Visibilizar esto, nos permite dimensionar, el porque nuestro país en lugar de caminar hacia adelante, sigue dando pasos hacia tras, no solo no nos devolvieron la esperanza, el gobierno federal nos la ha quitado.
