La próxima semana es clave para la cruzada del gobierno contra la corrupción, al realizarse la audiencia para determinar si le otorgan o no el criterio de oportunidad a Emilio Lozoya que le ofrecieron a cambio de que hiciera una denuncia a modo, en donde el ex director de Pemex combinó sus fobias personales con las del presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus colaboradores. Hasta ahora, el caso que sería un paradigma ha sido pólvora mojada, y el fiscal general Alejandro Gertz Manero ha tenido dificultades para tener acusaciones concretas que le permitan comenzar a solicitar órdenes de aprehensión de alta escala.
En eso precisamente están ahora en la Fiscalía General, porque le urge cambiar el metabolismo del caso y escalarlo a un nuevo escándalo político. El objetivo sobre el que están trabajando desde hace tres semanas en la Fiscalía General es Ricardo Anaya, que fue candidato presidencial del PAN en 2018, al cual el ex director de Pemex acusó en su primera declaración -parte del trato con el gobierno para que litigara en libertad-, pero que hasta ahora, finalmente, se dio la orden de buscarle para meterlo a la cárcel.
La decisión de ir sobre Anaya, que fuera de los obuses retóricos había sido dejado en paz en términos jurídicos, coincidió con un factor subjetivo, la escaramuza verbal que sostuvo con el presidente después de las elecciones intermedias. El 9 de junio López Obrador jugueteó en la mañanera con los resultados y se refirió a un video que había difundido Anaya en marzo, donde lo llamó “el señor de las caguamas”, refiriéndose a las cervezas, un gasto innecesarias y no en lo importante, al criticarlo metafóricamente por la cancelación del aeropuerto en Texcoco mediante una encuesta donde votaron poco más de un millón de personas, principalmente en Chiapas y Tabasco.
López Obrador se mofó con una ocurrencia fuera de contexto: “Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama Pacífico. Todo con moderación”. Lenguaje cifrado. Todo el Pacífico, salvo en Jalisco, donde hay pruebas sólidas de la participación del narcotráfico a favor del partido en el poder, ganó Morena. Lo que no esperaba López Obrador, por el enojo que le causó, fue la reacción de Anaya, quien reviró casi de inmediato. “Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro”, la contestó con burla en un video, aludiendo a las victorias de la oposición en las alcaldías en el poniente de la Ciudad de México y del PAN en Querétaro. “¡Salud Presidente, todo con moderación. Ahí nos estamos viendo en el 2024!”.
A una acción, reacción. ¿Se juntó el hambre con las ganas de comer? Sólo quienes hablaron con el presidente lo sabrán, pero lo que sí existe es una coincidencia. Después de aquel momento, se reabrió la carpeta contra Anaya. Es cierto que la Fiscalía General tiene un problema para otorgarle el criterio de oportunidad para Lozoya, pues un solo caso concreto -que se sigue tambaleando-, que es el del ex senador del PAN, Jorge Lavalle Maury, no es suficiente. Lozoya lo acusó de haber recibido dinero a cambio de apoyar la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto, pero no han podido consolidar la acusación.
La Fiscalía General tuvo que iniciar investigaciones paralelas a las que derivaron de la denuncia de Lozoya, porque no les alcanzan para un juicio. La Fiscalía Especializada en Control Competencial no logró en que un juez autorizara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que congelara más cuentas del ex senador, porque no entregaron detalles de los estados de cuenta de aquellas que querían se le congelaran. Estos tropiezos, acercándose la fecha para la audiencia de Lozoya, adicionalmente a la consideración de que un solo caso no sería suficiente, motivó el movimiento en la oficina de Gertz Manero contra Anaya y, cuando menos, tres otras más de las personas señaladas en la denuncia original del ex director de Pemex.
La defensa de Lozoya ha estado en estrecha comunicación con María Luisa Zúñiga, la directora de la Fiscalía Especializada en Control Competencial, para trabajar coordinadamente un escrito para Kristian Jiménez Hernández, de la Unidad de Investigación B de la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía General, y fiscal asignado al caso, donde presenten pruebas, o supuestas pruebas en contra de Anaya, por los presuntos delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícito, para que puedan integrarse a la carpeta del ex candidato presidencial.
Esta coordinación entre Zúñiga y la defensa de Lozoya no sólo es irregular sino ilegal, pero es la forma cómo, desde que empezó a negociar el ex director de Pemex con Gertz Manero su regreso a México y el criterio de oportunidad, se ha venido manejando la justicia en este país. Los abogados de Lozoya acuden con regularidad a la oficina de Zúñiga, y todos los acuerdos a los que llegan y los documentos que conjuntamente redactan para ser enviados a Jiménez Hernández, para que a su vez los presente al juez, son presentados para su aprobación al titular de Control Competencial.
El Caso Lozoya, aún con estas torcidas que le dan a la ley, puede tener un giro importante si logran cuadrar la acusación en contra de Anaya. De ahí a que puedan construir un caso sólido y llevarlo a la cárcel, es otra cosa. Esto último, por los tiempos de la justicia mexicana, no será expedito, lo que tiene dos formas de verlo. Por un lado, le permitirá saciar al presidente su rabia contra Anaya -no supera que lo retara físicamente durante el primer debate presidencial en 2018- y seguir alimentando su narrativa sobre la corrupción del pasado. Pero por el otro, se verá la respuesta del panista, que ha demostrado no temerle a López Obrador y, en ocasiones, tenerlo bien medido.
