Para aplacar al presidente Donald Trump y evitar que se impongan aranceles a las exportaciones mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado acciones rápidas para detener el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos, así como para combatir a los cárteles. En los últimos dos meses, se han decomisado embarques de fentanilo, destruido laboratorios en los que se fabrica, detenido a capos del CJNG, del Cártel de Sinaloa y de otros grupos criminales, y fortalecido la cooperación bilateral en seguridad.
A pesar de este progreso, el gobierno de Estados Unidos no está satisfecho. Trump decidió cumplir su promesa de imponer aranceles a productos mexicanos. Lo hizo a pesar de la entrega que hizo México de 29 criminales de alto perfil que el gobierno de Estados Unidos había solicitado la semana pasada. Entre los entregados está una figura emblemática del narcotráfico: Rafael Caro Quintero, responsable de la muerte del agente de la DEA Kiki Camarena hace 50 años. Su entrega representa un regalo especial para la agencia antidrogas de Estados Unidos, que ha buscado llevar a Caro Quintero ante las cortes de ese país por más de cuatro décadas.
Para que Estados Unidos quite los aranceles el gobierno mexicano tendrá que idear acciones más complicadas y difíciles de explicar.
Por ejemplo, para asegurar la entrega de los narcotraficantes el gobierno mexicano tuvo que identificar el esquema legal que la justificara, sugerir a Estados Unidos cómo solicitarla y definir el papel que la presidenta Sheinbaum desempeñaría:
El marco legal. El gobierno mexicano justificó el traslado con base en la Ley de Seguridad Nacional, que permitió que el Consejo de Seguridad Nacional actuara con rapidez y sin considerar los procesos de extradición que algunos de los narcotraficantes entregados tenían vigentes. Independientemente de la legalidad de la entrega, que varios juristas cuestionan, el hecho de que el gobierno no haya utilizado esta ley antes para extraditar narcotraficantes genera suspicacia y alimenta la percepción de que el marco legal se usa de manera arbitraria para ajustarlo a conveniencias políticas.
La ingeniosa colaboración bilateral. El gobierno mexicano sostiene que Estados Unidos hizo una petición precisa para la entrega de los 29 delincuentes. Esta solicitud parece haber ocurrido el mismo día en que el gabinete de seguridad mexicano se reunió en Washington con sus contrapartes estadounidenses. Es muy probable que el lado mexicano haya propuesto: “Mira, hagámoslo de la siguiente forma: tú invocas argumentos de seguridad nacional, lo que me permite actuar con celeridad. Así justificamos la acción y eliminamos obstáculos legales. De este modo, te los entrego en cuestión de horas”.
La participación de la presidenta. Se esperaría que, en una acción histórica de tal importancia para la relación México-Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum asumiera un papel más protagónico. Sin embargo, ha mantenido distancia respecto a la entrega de los narcotraficantes. En la conferencia del pueblo del viernes 28 de febrero, diferenció las preguntas sobre el caso y remitió al anuncio que haría más tarde el gabinete de seguridad. A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, señaló que la decisión había sido tomada por el gabinete de seguridad y que la presidenta no había intervenido. Es difícil creer que Sheinbaum estuviera al margen de una decisión de tal relevancia; debió ser informada y avalar la medida. Probablemente, el gobierno buscó protegerla del costo político, permitiéndole marcar distancia en caso de que algo saliera mal.
La entrega de narcotraficantes a Estados Unidos fue una acción valerosa que debería recibir un amplio respaldo en México. No obstante, la forma en que se llevó a cabo demuestra que el gobierno mexicano reconoce que para responder a las presiones de Estados Unidos tendrá que tomar acciones cada vez más complejas y políticamente costosas.
@aocaranza
