Al participar en la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1017, encabezada por el presidente López Obrador, la ministra Norma Piña señaló en su discurso: “La independencia es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, no es un privilegio de los jueces”. La ministra defendió la autonomía judicial, la cual, dijo, “es el principio que garantiza la adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”. Piña Hernández pidió respeto para los jueces. Señaló que es sano y necesario ponderar su actividad sobre las resoluciones que emiten, así como nunca perder de vista la independencia judicial, al considerar que es un pilar de la democracia del país. En este sentido, la presidente de la SCJN hizo énfasis en la defensa de la Constitución, para “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
Tuve la oportunidad de comentar con mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM el mencionado discurso. Lo dicho en ese foro fue relevante y significativo, especialmente ahora que existen preocupaciones de que el Poder Ejecutivo busca imponer su visión y voluntad por encima de los otros.
La posición de la ministra presidente contrasta con las posiciones que ha asumido AMLO: “Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces. Hay menos impunidad, sin duda, pero donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial, para liberar a personas que cometen delitos”. La postura ha sido mas agresiva aún, cuando los fallos de los juzgadores han contradicho los intereses políticos del mandatario. López Obrador ha subrayado que “la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad, o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados. No representan al pueblo, desprecian al pueblo, es una vida como artificial en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses menos el interés del pueblo”.
Existe un debate profundo. Por un lado, la preocupación de que un poder busque imponerse por encima del otro, con las distorsiones inherentes al sano equilibrio que debe preservar nuestro diseño constitucional. Por el otro, el señalamiento de que existen trastornos en nuestra vida pública derivados de la corrupción, en este caso entre los juzgadores y toda la cadena de procuración de justicia. Aunque AMLO ha sido incapaz de corregir este problema, su diagnóstico es dificilmente debatible.
Para el investigador Miguel Carbonell, “La peor consecuencia de la corrupción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad que existen”. Esto significa que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. Según el autor “la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles”. Para el académico, “3 de 4 delitos no se denuncian”, de los denunciados, “ solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55%”, pero solamente se pone a alguna persona a disposición de los jueces en el 1.6% de los casos. “Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez; las condenas judiciales alcanzan una cifra del 1.06%, lo que significa que la impunidad alcanza una horrorosa cifra del 99%”.
Desafortunadamente esto no fue el corazón de la discusión de esta semana, sino que la ministra Piña no se pusiera de pie para aplaudirle a AMLO. ¿Que tan extraviados y disminuidos están los valores de la República, que un hecho tan intrascendente como éste causa algarabía entre opositores del actual régimen y repudio entre sus seguidores? Continuamos atrapados en el terreno de un simbolismo silvestre.
Que bueno que Norma Piña defienda la independencia de los juzgadores frente a un poder ejecutivo que quiere ir más allá de lo que le permite la constitución. No obstante, la misma entereza y convicción debemos de exigirle para que persiga y combata la terrible impunidad que distorsiona la confianza pública en la justicia, que por cierto sufren amplísimos sectores de la población mexicana, especialmente los de menores ingresos. Para garantizar una sana convivencia y promover la evolución del Estado Mexicano, ambas exigencias deben estructurar la propuesta de la #SociedadHorizontal: garantizar autonomía, pero al mismo tiempo combatir la corrupción.
