La democracia no suele morir de golpe. No lo hace con tanques en las calles ni con la suspensión abierta de elecciones. En los sistemas constitucionales contemporáneos, la democracia suele erosionarse de manera gradual, técnica, casi imperceptible, envuelta en el lenguaje de la austeridad, la eficiencia o la “voluntad popular”. Eso es precisamente lo que hoy está en juego con la propuesta de reforma electoral impulsada por el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bajo el discurso de “democratizar” al árbitro electoral y de “corregir excesos” del sistema, la iniciativa plantea modificaciones estructurales que, lejos de fortalecer la vida democrática del país, debilitan la autonomía del Instituto Nacional Electoral, comprometen la imparcialidad de los procesos comiciales y abren la puerta a un control político del sistema electoral, funcional a los intereses de Morena y del proyecto denominado Cuarta Transformación.
Conviene recordar una verdad incómoda para el oficialismo: el INE no es una concesión del poder, sino una conquista ciudadana producto de décadas de lucha contra el autoritarismo electoral. Su autonomía constitucional no es un privilegio burocrático, sino una condición indispensable para la equidad, la certeza y la legalidad de las elecciones.
Desde su diseño como órgano constitucional autónomo, el Instituto Nacional Electoral ha tenido una función central: sustraer la organización de las elecciones del control directo del gobierno. Justamente por ello, cualquier reforma que busque subordinarlo, directa o indirectamente, al poder político en turno, debe ser analizada con rigor y sin ingenuidad.
La propuesta del Ejecutivo federal altera ese equilibrio al redefinir las condiciones de integración, operación y financiamiento del órgano electoral, debilitando sus capacidades técnicas y, sobre todo, su independencia real.
Uno de los ejes discursivos de la reforma es la supuesta necesidad de “abaratar la democracia”. Se plantea la reducción de estructuras, la disminución de recursos y la centralización de funciones bajo el argumento de eliminar “excesos”. Sin embargo, confundir austeridad con debilitamiento institucional es una falacia peligrosa.
Las elecciones cuestan porque la democracia cuesta: capacitar funcionarios, instalar casillas, fiscalizar campañas, garantizar conteos confiables y resolver controversias no es un lujo, sino una obligación constitucional. Reducir drásticamente los recursos del INE no elimina privilegios, elimina capacidades.
La experiencia comparada demuestra que los sistemas electorales frágiles son más baratos, pero también más vulnerables al fraude, a la presión política y a la captura institucional. La austeridad mal entendida termina siendo un mecanismo de control.
Otro de los puntos más preocupantes de la reforma es la pretensión de modificar los mecanismos de designación de los consejeros electorales, bajo la lógica de someterlos a esquemas de elección popular o de mayor control político.
Esta idea parte de un error conceptual grave: los árbitros no deben ser populares, deben ser imparciales. La función de un consejero electoral no es representar mayorías ni encarnar proyectos políticos, sino garantizar reglas parejas para todos.
Someter a los consejeros a dinámicas de campaña, financiamiento, exposición mediática o respaldo partidista politiza inevitablemente al árbitro, rompe su neutralidad y lo convierte en actor del conflicto que debe resolver.
No es casual que diversos consejeros del Consejo General del INE hayan manifestado públicamente su rechazo a esta reforma, señalando que compromete la independencia técnica y jurídica del organismo. Lejos de ser una defensa corporativa, se trata de una advertencia institucional.
Analizada en conjunto, la reforma no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de concentración de poder que ha caracterizado al proyecto de la Cuarta Transformación: debilitamiento de órganos autónomos, presión presupuestal, deslegitimación discursiva y sustitución de contrapesos por lealtades políticas.
El objetivo no es desaparecer al INE —lo cual sería políticamente inviable—, sino transformarlo en un órgano formalmente autónomo pero materialmente subordinado, sin capacidad real de resistir presiones del poder.
Un árbitro debilitado no necesita ser obediente; basta con que sea temeroso, limitado o dependiente. Esa es la forma moderna de controlar elecciones sin anularlas. Toda reforma electoral debe evaluarse con una pregunta básica: ¿mejora o deteriora la equidad en la competencia política? En este caso, la respuesta es clara. Al reducir controles, debilitar fiscalización y erosionar la autonomía del árbitro, se favorece sistemáticamente al partido en el poder, que cuenta con recursos, estructura y presencia territorial superiores.
No se trata de una discusión ideológica, sino de una realidad empírica: cuando el árbitro pierde fuerza, el gobierno gana margen. Y cuando el gobierno compite, la imparcialidad debe ser máxima, no mínima. El problema no es que Morena participe en elecciones —eso es legítimo—, sino que busque redefinir las reglas desde el poder para conservarlo.
Los consejeros electorales que hoy alzan la voz contra esta reforma cumplen con su deber constitucional. No defienden cargos ni presupuestos; defienden un modelo democrático basado en reglas, no en mayorías circunstanciales. Descalificarlos, como ha ocurrido desde el discurso oficial, es parte del problema. Cuando el poder desacredita sistemáticamente a los árbitros, prepara el terreno para desconocer decisiones incómodas en el futuro.
La democracia no se agota en ganar elecciones; se sostiene en la confianza de que quien pierde acepta el resultado porque el proceso fue justo. Esa confianza es frágil y se construye durante años, pero puede destruirse en una sola reforma mal diseñada. La reforma electoral propuesta por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no fortalece la democracia mexicana. Por el contrario, la hace más vulnerable, reduce contrapesos y pone en riesgo uno de los pocos consensos democráticos que el país había logrado construir: la existencia de un árbitro electoral autónomo y confiable.
Defender al INE no es defender una institución perfecta; es defender la idea de que las elecciones deben estar fuera del control del poder. Y esa defensa no es conservadora ni progresista: es simplemente democrática. En tiempos de mayorías avasallantes, la prudencia constitucional es más necesaria que nunca. Porque cuando se normaliza que quien gobierna controle las reglas del juego, la alternancia deja de ser un derecho y se convierte en una concesión. Y ahí, la democracia deja de ser democracia.
