La política mexicana está nuevamente en ebullición. Esta vez, el epicentro es el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, con su plantón permanente en el corazón de la Ciudad de México y sus amenazas de boicotear las elecciones judiciales del próximo domingo 1 de junio, exhibe la profunda fractura entre el gobierno federal y uno de sus principales aliados históricos: el magisterio disidente.
El momento no podría ser más crítico. A días de la primera gran prueba de la naciente administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la CNTE ha decidido tensar la cuerda, dejando claro que el viejo pacto de colaboración y simpatía mutua con el obradorismo se encuentra roto. Y con ello, se abre una crisis política que amenaza con desbordar la agenda de la mandataria y condicionar los términos de la gobernabilidad en un país que, tras seis años de polarización, necesita más que nunca de acuerdos, no de rupturas.
El conflicto tiene raíces de sobra conocidas. Desde el arranque de su gobierno, López Obrador tendió puentes con la CNTE, presentándola como aliada natural de la llamada Cuarta Transformación (4T). En aquel entonces, la consigna era clara: echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto y devolverle al magisterio un papel protagónico en la política educativa. Sin embargo, el tiempo demostró que las promesas de la 4T no siempre se traducen en realidades tangibles.
El magisterio disidente, agrupado en la CNTE, acusa ahora que ni la derogación plena de la reforma peñanietista ni la recuperación de plazas automáticas para egresados de escuelas normales rurales –una de sus demandas más emblemáticas– han sido cumplidas. Lejos de ello, el gobierno de López Obrador optó por una suerte de reforma educativa intermedia, que, si bien eliminó ciertos candados punitivos, mantuvo intacta la lógica evaluadora y las restricciones presupuestales que limitan cualquier acuerdo de fondo.
El arribo de Claudia Sheinbaum a la presidencia generó expectativas renovadas. Sin embargo, sus primeras declaraciones sobre el conflicto con la CNTE reflejan un endurecimiento de la postura oficial. La presidente ha señalado, sin ambages, que echar abajo la reforma educativa, como demanda la Coordinadora, resulta “económicamente inviable” y afectaría severamente a las finanzas públicas. En otras palabras, la vieja promesa de la 4T se estrella contra el muro de la realidad fiscal.
El argumento económico de Sheinbaum no es menor. Según cálculos preliminares de la propia Secretaría de Educación Pública, desmantelar la actual reforma educativa e instaurar un sistema de basificación automática para normalistas implicaría un gasto adicional de entre 50,000 y 70,000 millones de pesos anuales. Un golpe severo a las finanzas públicas en un contexto donde la deuda y el déficit presupuestal ya generan alta preocupación.
Este factor es clave para entender el cambio de tono de la presidenta. Aunque su narrativa mantiene las formas conciliadoras –“vamos a dialogar, pero sin afectar las finanzas públicas”–, el mensaje de fondo es claro: el gasto social tiene límites y no habrá cheques en blanco para la CNTE.
La paradoja es evidente. La misma fuerza política que en campaña prometió desmontar el modelo neoliberal de la educación, ahora –ya en el poder– reconoce que hacerlo comprometería la estabilidad macroeconómica. Una contradicción que alimenta el desencanto y da municiones a la CNTE para sostener que el gobierno federal se ha convertido en rehén de las mismas lógicas que tanto criticó.
Para dimensionar el rompimiento actual, conviene recordar que la relación entre la CNTE y Morena –y antes con López Obrador– ha sido siempre más pragmática que ideológica. La Coordinadora encontró en la 4T un gobierno que, al menos discursivamente, validaba su lucha y la sacaba de la criminalización a la que fue sometida durante el peñismo. A cambio, la CNTE aportó músculo político y respaldo popular en regiones clave como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
No obstante, ese matrimonio de conveniencia ha mostrado límites estructurales. Las bases magisteriales de la CNTE son profundamente desconfiadas. Su historia de lucha, marcada por la represión estatal y la traición de gobiernos pasados, las hace poco proclives a dar cheques en blanco. Así, el incumplimiento de compromisos –por más razonable que sea la explicación financiera– termina alimentando la desconfianza y la radicalización.
La amenaza de la CNTE de boicotear las elecciones judiciales del 1 de junio añade un elemento explosivo a la crisis. No se trata de una elección menor: el proceso judicial que definirá magistraturas y jueces federales es un capítulo clave en la reconfiguración institucional del país. Que un actor social con la fuerza y la organización de la CNTE amenace con desestabilizarlo es una señal ominosa. El boicot no es nuevo en la historia de la CNTE, pero sí lo es en este contexto: un gobierno que, aunque progresista en el discurso, enfrenta crecientes dilemas de legitimidad y capacidad de respuesta. El riesgo no es sólo la interrupción de la jornada electoral, sino el mensaje de que la política educativa sigue siendo rehén de las disputas de poder.
Detrás de este conflicto se encuentran, también, los cálculos políticos de Morena. Aunque la presidente Sheinbaum ha optado por endurecer el tono con la CNTE, en la cúpula morenista hay sectores que todavía ven en el magisterio disidente un aliado electoral valioso para las elecciones intermedias y, eventualmente, para consolidar la hegemonía territorial en estados del sur.
Esa tensión interna –entre la ortodoxia fiscal de Sheinbaum y el pragmatismo electoral de algunos morenistas– explica, en parte, la ambigüedad con la que el partido ha manejado el conflicto. Mientras la presidenta busca proyectar firmeza y responsabilidad presupuestaria, ciertos liderazgos locales de Morena siguen coqueteando con la CNTE, alentando la idea de un acuerdo que, por ahora, parece improbable.
El paro de la CNTE y su amenaza de boicot electoral representan más que un conflicto sectorial: son un laboratorio de gobernabilidad para el naciente sexenio. Sheinbaum se juega aquí algo más que una negociación puntual. Se juega la credibilidad de su discurso de continuidad con cambio, la viabilidad de sus promesas de justicia social y la capacidad de su gobierno para procesar conflictos con actores históricamente agraviados.
Si el gobierno logra encauzar el diálogo sin ceder en sus principios fiscales ni desoír las demandas legítimas del magisterio, podría sentar un precedente para futuras negociaciones con otros sectores. Pero si la crisis escala –y la amenaza de boicot se materializa–, podría quedar la impresión de un gobierno rebasado, incapaz de contener a sus antiguos aliados y atrapado en la contradicción de sus propias promesas.
En este tablero complejo, el reto de Sheinbaum no es menor. Requiere combinar sensibilidad social con responsabilidad fiscal, firmeza política con diálogo honesto. Más allá de las consignas, el país necesita que la educación deje de ser rehén de disputas políticas y vuelva a ser el motor de movilidad social y cohesión nacional. La CNTE, por su parte, enfrenta el dilema de radicalizar su postura o construir una agenda de negociación realista. Su legitimidad como actor social está fuera de duda, pero su legitimidad como actor político dependerá de su disposición a dialogar y a no poner en jaque la democracia.
