Roberto Antonio Velázquez Nieto y Gabriela Cabrera Herbert
Mexico y La región de América Latina, a partir de la década de los noventa, han tenido grandes cambios en sus modelos económicos, su comercio, su política exterior y en particular sus reformas judiciales en sus respectivos países. Tales como el GATT, WTO, el TLC y T-MEC, se ha vuelto analizar con profundidad el papel del Estado y la modalidad actual de desarrollo. Para muchos expertos se basará en una mayor dependencia de los mercados y de los sectores privados, y el papel del Estado será el de actuar como facilitador y regulador importante de la actividad y el desarrollo del sector privado.
El ordenamiento jurídico de un país establece los principios básicos esenciales para que su economía funcione bien. La capacidad de hacer cumplir dichas leyes, a su vez, es crítica para el desarrollo económico y social sostenible. Ello requiere de un Poder Judicial independiente, que preste servicios de primera calidad de una forma puntual, equitativa, efectiva y trasparente. La cantidad y la complejidad de las querellas relacionadas con las empresas aumenta en la medida en que lo hace la actividad del mercado. La capacidad del sistema judicial y jurídico de manejar el volumen de querellas cada vez más complicadas afecta el nivel de la inversión empresarial privada; la eficiencia de los mecanismos de mercado; la percepción del riesgo inherente a las actividades mercantiles; el grado de competencia, y la equitatividad y la trasparencia de las transacciones mercantiles. Por ende, cuando es necesaria la reforma judicial beneficia a todo el mundo.
La reforma judicial también es un proceso a largo plazo y requiere la participación del sector judicial íntegro. Aún más, el papel de las Ministras o Ministros, Magistrados o Magistradas Jueces o del personal administrativo judicial es crítico para el éxito de la reforma, la clara definición en la carrera judicial que u otras actividades que fortalezcan la independencia, son fundamentales para los países que desean mejorar el sistema judicial. La experiencia internacional sugiere que no sólo es importante crear el consenso entre los niveles más altos de las diferentes ramas de gobierno y la sociedad civil, si que es esencial que los jueces mantengan liderazgo y trabajen conjuntamente con profesionales multidisciplinarios y otros actores del sector para poner en práctica dichas reformas.
Las reformas judiciales exitosas han hecho que el Poder Judicial sea más independiente, que los procedimientos jurídicos y las leyes sean actualizados y simplificados; que la administración de los tribunales haya; mejorado; que brinden mecanismos alternativos para la resolución de diferendos; que haya mejorado la educación y la capacitación jurídica; ampliando el acceso a la justicia; mejorando la infraestructura física y la calidad de la profesión jurídica, entre otras variables.
Lo que está sucediendo en Mexico ha sido motivo de interés en el mundo por tratarse de un integrante del T- MEC. El mercado más poderoso del mundo, y del principal socio de Estados Unidos y Canadá.
La reforma judicial, cuya, iniciativa se encuentra en un proceso legislativo fast track, pone en riesgo el T-MEC con Canadá y Estados Unidos, también impacta el acuerdo comercial con la Unión lEuropea no sólo por violaciones comerciales, si no por socavar las cláusulas democráticas.
Para algunos expertos, violenta e incumple el anexo 23 del T- MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales.
Con la reforma judicial dificultan a la presidenta electa Claudia Sheibaum de cualquier acción pragmáticamente como ofreció a los inversionistas, que desactiven los bombazos que le está prendiendo, la reforma, amenaza el T- MEC motor de la economía y la llegada de capitales, para el desarrollo económico del país.
