Hay gente que cree que canta porque se sabe la tonada, aunque ignore la letra y de esas parece ser el presidente. Juró respetar y hacer respetar la Constitución y parece no haberla leído y en consecuencia trae tremenda confusión sobre los derechos, especialmente el de libertad de expresión que está entre los primeros artículos, y unos pasos más adelante los que atañen a garantías para proteger al individuo contra los abusos de la autoridad.
Alude diariamente al derecho de réplica, establecido en el artículo 6 Constitucional, que cuenta con una ley reglamentaria que, en efecto, le otorga a cualquier persona el derecho de responder a cualquier información inexacta o falsa que se haya difundido (Art. 3 LRDR), y dice ejercerlo legítimamente, incluso creando un apartado en sus conferencias matutinas para evidenciar las mentiras que se publican en los medios.
Sin embargo, elude los procedimientos que la misma ley señala para ejercer ese derecho y realiza juicios sumarios, amparado en el poder de su investidura y posibilidades. Ignora el presupuesto esencial que le da derecho a la réplica, esto es, que la noticia o lo publicado sea falso o inexacto, lo cual no prueba con la sola negación del hecho y la manifestación de no ser igual a sus antecesores.
Es decir, replica sin replicar, pues nunca desvirtúa lo publicado y convierte la réplica en una catilinaria.
El artículo 13 de la citada ley reglamentaria específica que, “el contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta que genera un agravio”… y eso es lo que hace, agredir, descalificar, insultar, pero nunca desmentir con datos o pruebas, que lo publicado sea falso o inexacto.
Incurre en violación a garantías de los sujetos que emitieron la información, llegando incluso a constituir delitos, sin que autoridad alguna se lo sancione, divulgando datos personales, confidenciales, que la misma autoridad está obligada a proteger.
Pero aún más, se ha llegado a difundir información falsa en sus comunicados oficiales y conferencias matutinas, sin embargo se niega el derecho de réplica ejercido por ciudadanos, como Xóchitl Gálvez a quien fueron cerradas las puertas de palacio negándole, a ella sí, el derecho de réplica, concedido por mandamiento judicial, mismo que fue desacatado por quien juró hacer cumplir la ley.
No es por tanto un derecho de réplica el que se ejerce desde la tribuna presidencial, sino la exhibición de un talante autoritario, refractario a la crítica, al que la ley no le importa pues, ninguna ley puede estar por encima de su autoridad moral y su investidura, frase que lo retrata fielmente.
Lo que enmascara en su concepto del derecho de réplica, es un ataque continuo a la libertad de expresión, pues aunque diga que todo mundo puede expresarse libremente, lo cierto es que la respuesta a las expresiones contrarias a su pensamiento y acciones, es violenta, vituperante, irresponsable e irreflexiva.
Se piensa, por algunos, que esta actitud forma parte de una estrategia comunicacional para mantener a su público dentro del efecto de la retórica polarizadora que ha caracterizado a esta administración; otros piensan que se trata de una personalidad oligofrénica que no alcanza a comprender los efectos de sus actos; y otros más lo adjudican al efecto corruptor del poder absoluto para el que no existen límites.
Sean cuales sean las causas de tal conducta, lo cierto es que viola la ley y más que un derecho de réplica lo que practica es una bravuconería más propia de una pelea de barrio o taberna, que en la tribuna presidencial.
Más que un presidente es un militante en el ejercicio del poder y todo lo que no se ajuste a su doctrina e interés es adversario, al que juzga desde su autoproclamada autoridad moral superior.
Por ello, la reacción, a veces colérica y desmesurada, ante quienes desnudan tal (in)moralidad, conveniente para su magia retórica, con la que se distrae al público de las corruptelas, invisibles ante la mirada obesa de su autoridad.
No hay pues tal derecho de réplica en las frecuentes descalificaciones. De conocer y respetar la ley, el presidente ordenaría a su vocero que se hicieran las aclaraciones pertinentes al medio o informante que dio a conocer lo que él considera infundios, pero en lugar de eso incurre en una desproporción inequitativa, pues su respuesta, que no réplica, utiliza los recursos del estado incluso para investigar y divulgar información personal de los informadores.
La réplica estaría obligada a revelar la verdad detrás de la nota, pero esa es imposible de encontrar en el sexenio menos transparente de la historia contemporánea.
