La presencia del crimen organizado en las ANPs, tiene diversas manifestaciones que no sólo se circunscriben al control territorial o lo que algunos autores llaman la gobernanza criminal.
En varias ANPs del país, se presentan patrones distintos, como:
- El uso del suelo para sembradíos de marihuana y/o amapola
- Instalación de laboratorios
- Rutas para transporte de drogas o indocumentados
- Protección de talamontes o saqueadores de minerales
- Refugios o escondites cuando se trata de secuestros, cadáveres para ocultar o vehículos robados
- Cobro de piso a los productores
En particular, la explotación ilegal de recursos naturales es de los controles económicos más reportados, además de que podría tratarse de uno de los motores del crimen organizado en las ANPs. Desde hace al menos dos sexenios, se tienen numerosos reportes con titulares prácticamente idénticos sobre cómo “el narco” se ha “expandido a otros giros” relacionados con la extracción y comercialización de recursos naturales, tal es el caso del ANP Lagunas de Zempoala -en Morelos y Estado de México- donde el narcotráfico controló a los talamontes a cambio de su protección. (A. Angulo, La Guerra por el Bosque).
Los ilícitos como los delitos son acciones y procesos que van adoptando formas, ritmos y actores en el tiempo y espacio, por ello, su dinámica es cambiante. En función de lo anterior, es que hoy en día, resulta necesario diferenciar al actor que lleva a cabo la acción de tala ilegal de aquel otro proceso y participantes que, desarrollan el crimen organizado. Y aunque se podría ver que se trata del mismo origen y recurso natural con los similares procesos de impacto ambiental, no es así, ya que si bien ambos producen la perdida de cubierta forestal, la reducción de servicios ambientales, la erosión y degradación de hábitat de fauna silvestre y así mismo, genera condiciones de pobreza en las comunidades, lo cierto es que en el caso del crimen organizado ambiental, el asunto y el componente principal no es ya el recurso natural, sino la organización criminal, que sólo toma como base material de enriquecimiento ilegal al recurso, para producir un espacio de gobernabilidad delictiva que trastoca o erosiona los controles sociales del delito y aprovecha la debilidad institucional, para avanzar en su legitimidad y coerción con la comunidad, fundado en la oferta de ingresos y en la compra del silencio y, el sometimiento por la fuerza y el miedo de los ciudadanos.
De esta forma, es que asistimos a un nuevo momento del proceso que encierra una relación negativa entre – el agotamiento del recurso forestal y la existencia del crimen organizado – Ahora bien, crimen organizado es el concepto abstracto por el cual definimos la actividad o acción con temporalidad permanente de un grupo que posee estructuras y jerarquías que operan en la ilegalidad, haciendo uso de la violencia, coerción y corrupción del aparato burocrático y cuyo fin es la acumulación de riqueza económica y el establecimiento de cotos de poder, a costa del deterioro, agotamiento y perdida de los recursos naturales y el patrimonio privado, social y nacional natural. A ello, hay que añadir que el crimen organizado evoluciona por etapas y adopta características y patrones de comportamiento organizativo y funcional, espacial, de peligrosidad y por especialidad en función del recurso natural del que se apropia, transforma y vende.
Son recurrentes los asesinatos y agresiones a autoridades ambientales para mantener el control político (Oaxaca; Laguna de Chacahua). Otro medio son las redes de colusión de grupos criminales con políticos y policías para aprovecharse de los territorios. Un caso ejemplar es el de la ANP Sierra La Laguna (BCS) y David Pérez Sosa, líder de la resistencia antiminera desaparecido en 2011.
También dentro de las notas informativas se puede encontrar registros de agresiones y asesinatos a periodistas y activistas que denuncian malos usos de las ANPs (entre ellos Juan Aquino González y Adán Vez Lira, defensores asesinados de las ANPs Cerro de Tecaballo, Michoacán, y La Mancha, Veracruz). Y en contextos similares, las comunidades y sus líderes también sufren desapariciones (el caso de David Pérez Sosa, y Celedonio Monroy Prudencio, ausente desde 2012). Por sus características geográficas, las ANPs también han sido utilizadas para deshacerse de cuerpos (Veracruz; Mangle Arroyo Moreno); y en cuanto a sus recursos se vuelven atractivas para desplazar a las poblaciones (Aquila, Michoacán). Todo esto va acompañado por la constante represión de la protesta, como contra las personas defensoras del medio ambiente, al alza desde 2014.
También se tiene documentado los campos de cultivo de marihuana y amapola que se encontraban enclavados en lo profundo de las sierras de estados como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas. Además, muchos estados son terreno fértil para todo tipo de comercio ilegal (madera, minerales, armas y droga) y para la operación de laboratorios clandestinos para el procesamiento de la droga, ya que, por sus características geológicas, las conexiones por vía terrestre representan un desafío en la comunicación con otros lugares más urbanizados y, en consecuencia, para el ingreso de las fuerzas del Estado.
Hay un dato interesante que ilustra la presencia del crimen organizado en las ANPs, pues de los casi 8 grupos delictivos a nivel nacional, su distribución territorial coincide, en su mayoría, con territorios designados como ANP, representando casi un 40,11 % del total de áreas naturales protegidas a nivel nacional.
Ello se traduce precisamente en la dinámica de reconfiguración de territorios mediante la violencia y el control delictivo.
Lo que nos indica que el control del territorio fue adquiriendo mayor relevancia, en gran medida con las actividades empresariales y la planificación de acciones de acuerdo con el mercado, pues era lo que hacía posible regular otras actividades criminales, como el ataque de vías de comunicación, la extorsión, el secuestro, los homicidios dolosos, el despojo, la tortura, la trata de personas, el sabotaje y la posesión de armas de fuego, entre otras actividades catalogadas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Así es que las ANPs se antojan como territorios propicios para la delincuencia organizada en el país, al mismo tiempo, que ello hace difícil la vigilancia, conservación y protección ambiental en dichos territorios ecológicos.
