EL JICOTE
Con vivo entusiasmo reconozco la importancia de la decisión del gobierno de fincar responsabilidades en los reiterados actos de corrupción, pero esta euforia no debe de impedir que evaluemos esta política para que en el futuro no vuelva a ocurrir semejante orgía de deshonestidad. Si nos regodeamos con, a este momento, evidente acierto, la lucha contra la corrupción siempre dependerá de la voluntad y de la buena o mala digestión del colon de los gobernantes. En la entrega pasada nos referimos a la necesidad de realizar cambios para la prevención de la corrupción, no es posible que la autoridad sea más inútil que un réferi en la lucha libre. Dicho sea esto con disculpas a los réferis de la lucha, que al menos son simpáticos.
La institución que debería de encargarse de esta política de prevención es la Secretaría de la Función Pública. que tiene entre sus funciones la vigilancia de la política de compras de la Federación, audita el gasto de recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada dependencia federal. Hasta este momento, como de la narcotraficante del corrido, en el sexenio pasado de esta Secretaría no se supo nada. Y mire que tuvieron tiempo, la desviación de recursos por parte de Rosario Robles y su banda se inició en febrero de 2013, dos años después, en 2015, la Auditoría Superior de la Federación evidenció el teje y maneje con la complicidad de algunas universidades. Primeras conclusiones: ¿Qué hizo la Función Pública ante la denuncia de la Auditoría? Públicamente no informó nada, una omisión tan grave obligaría a fincar responsabilidades a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública. Ellos también deberán ser acusados de corrupción, de la misma forma que los órganos internos de control de las dependencias, sobre los que tiene coordinación. Pero es necesario ir a la raíz institucional del problema, mientras los órganos públicos de control estén bajo la decisión y subordinación política de los que supuestamente van a controlar, la lucha contra la corrupción es una absoluta simulación. ¿Quién puede creer en un sistema donde los controlados controlan a sus controladores? La actual Secretaria de la Función Pública es la Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, de impresionante curriculum; diputada constituyente en la ciudad de México y vice coordinadora en este órgano de la fracción de Morena; casada con otro distinguido simpatizante de López Obrador, Jhon Ackerman. Ante este panorama no creo que nadie, con dos dedos de frente, pueda considerar la posibilidad de que la Secretaria de la Función Pública pueda en este sexenio fincar responsabilidades a militantes de Morena, al gabinete, y menos aún a López Obrador. Si alguien abriga esa esperanza, ya está en la posibilidad de considerar que Madonna es realmente una virgen.
En suma, mientras los órganos institucionales de control y vigilancia, no sean independientes, neutrales y autónomos, la deshonestidad estará bajo control, obviamente bajo el control de los corruptos.
