Hay dos temas que han ocupado la atención de la opinión pública: el juicio, formalmente establecido en una corte, en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y el mediático y público enderezado contra la ministra Yazmín Esquivel. Ambos con un origen eminentemente político, y los dos ya con una sentencia pública, que no formal ni legal.
No es la intención sumarme al juicio sumario de los medios, ni asumir como ciertas las sentencias absolutorias del presidente en el caso de la ministra y de culpabilidad en cuanto a García Luna, así como tampoco creer a pie juntillas las versiones de la ministra respecto al plagio, o la condena pública hacia lo que puede ser el peor error de juventud, de una persona que construyó una carrera exitosa.
Lo que se tiene que analizar es el poco aprecio y valor que merece a los participantes en el enfrentamiento político, el interés nacional. El juicio que en EUA le siguen a Genaro García Luna le sirve al presidente para nutrir su discurso en contra de Felipe Calderón, y exhibe diariamente su convencimiento de que el enjuiciado es un servidor público corrupto, pero las actuaciones contra corruptos y corruptores en México escasean y en esta administración son más las palabras que los hechos.
La exhibición en el extranjero de los niveles de corrupción expuestos en el juicio nos trae más perjuicio que beneficios y eso no debería llamar al regocijo del presidente, pues nos exhibe como un país sin ley en el que todo es posible en la simbiosis de funcionarios corruptos y narcos corruptores.
García Luna ha proclamado su inocencia, se ha negado a acuerdos con la fiscalía estadounidense, convencido de que puede salir airoso y no se le puede culpar porque anteponga su interés personal acudiendo a un juicio que hubiera podido evitar con la aceptación de la culpa y una sentencia abreviada, aunque continuando con el juicio diera pie a que se exhiba al país como ícono de la narco cultura, con instituciones de procuración de justicia profundamente corrompidas.
Esa será la imagen que quede independientemente de que se le encuentre culpable o no de los hechos y actos que le imputan. El presidente López está feliz con el juicio, le sirve a su interés, pero es nefasto para la imagen de México, de su sistema de justicia, de la seguridad y confianza que debiera transmitir.
Por otra parte, a nadie le sirve que la Suprema Corte de Justicia vea empañada su función jurisdiccional por la presencia de una ministra cuestionada, que hasta este momento había tenido una carrera exitosa sin señalamientos graves sobre su desempeño profesional. Sin embargo, bastó que hiciera público su interés por asumir la presidencia del órgano supremo para que se descubriera que existían tesis iguales a la suya, presumiéndose un plagio de su parte, para que, los intereses de la presidencia trataran de imponerse, y los de los contrarios, también se manifestaran con virulencia.
Otra vez el enfrentamiento de proyectos políticos personales o de grupo confrontándose con un pretexto del que no pudieron ver los alcances y repercusión. Lo que está en juego al cuestionar la legitimidad de la permanencia de una ministra no era el futuro de ella, como tampoco lo era el controlar al poder judicial y el sentido de sus resoluciones, sino el prestigio y la honorabilidad de la Suprema Corte, la legitimidad de sus fallos, la primacía de las leyes por sobre los apetitos humanos, que es una misión fundamental en una república que dice vivir en un estado de derecho.
Si la ministra es culpable o no del plagio de una tesis ya no es relevante más que para su prestigio personal, porque el affaire desnudó a una Corte a merced de los apetitos de poder, vulnerable ante las manipulaciones políticas de las que evidentemente ha sido objeto pero que responsablemente los ministros lograron neutralizar. Pero el efecto no paró ahí, porque otra venerable institución también ha sido lastimada, la UNAM, metida de árbitro en una lid que ha puesto en duda la verticalidad de sus procesos académicos de titulación. Obligada y apremiada a resolver sobre un conflicto creado por intereses políticos ajenos al ámbito universitario, pero que ha sacudido su estructura interna en la cercanía de los procesos de renovación de la rectoría, mismos que a su vez, también serán presa de los apetitos del poder.
El país está siendo víctima de poderes a los que poco les importa que la nación tenga un proyecto como tal. Facciones, corrientes o grupos para los cuales el futuro es hoy y su visión alcanza solo hasta el sexenio que viene y el éxito radica en la dimensión del daño causado al contrario.
Las leyes y las instituciones son las que nos dan sentido como sociedad democrática y no debemos permitir que se conviertan en rehenes de las pugnas por el poder. Hoy dos juicios, instigados, promovidos y divulgados en razón de sus muy personales causas y de las mal escondidas ambiciones de quienes los hicieron posibles, han causado más daño del que pudieron imaginar y costará mucho repararlo.
