En una democracia sana, la sociedad civil es el oxígeno que permite respirar a las instituciones. Las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales no son un adorno del sistema, sino su contrapeso moral, su conciencia crítica y, en muchos casos, su brazo ejecutor donde el Estado no alcanza. Sin embargo, en el México contemporáneo, ese oxígeno comienza a escasear. Y no por casualidad.
El reciente retiro de autorizaciones como donatarias por parte del SAT a cientos de organizaciones civiles es un síntoma inequívoco de una relación cada vez más tensa entre el poder público y la sociedad organizada. De acuerdo con diversos reportes periodísticos, en 2026 se canceló la autorización a casi 300 organizaciones para recibir donativos deducibles de impuestos, incluyendo instituciones de alto perfil en el análisis de políticas públicas, educación y competitividad. La cifra no es menor: representa un golpe estructural a uno de los pilares de financiamiento del tercer sector.
Desde el punto de vista jurídico-fiscal, la figura de donataria autorizada tiene su fundamento en la Ley del ISR, que permite a ciertas organizaciones recibir donativos deducibles siempre que cumplan requisitos estrictos de transparencia, objeto social y destino de recursos. En teoría, se trata de un mecanismo de corresponsabilidad: el Estado renuncia a una parte de la recaudación para incentivar la acción social privada. En la práctica, es una forma sofisticada de política pública indirecta.
Pero cuando ese mecanismo se convierte en un instrumento de control, la lógica se invierte. El argumento oficial es claro: las organizaciones sancionadas no cumplieron con requisitos fiscales, omitieron declaraciones o carecen de acreditaciones vigentes en ciertas materias, como la investigación científica. Bajo esta narrativa, el SAT no hace política, sino simplemente aplica la ley. Sin embargo, la realidad es más compleja, y acaso más inquietante.
Porque en la lista de organizaciones afectadas aparecen, de manera reiterada, entidades que han sido particularmente críticas del gobierno federal, como organizaciones de transparencia que incomodan al poder y se encuentran hoy en la mira fiscal. Y aunque la coincidencia no prueba causalidad, sí despierta sospechas razonables. La metáfora es inevitable: el Estado ha pasado de ser jardinero de la sociedad civil a convertirse en podador selectivo. No elimina todo el jardín, pero decide qué ramas crecen y cuáles se secan.
Este fenómeno no es nuevo. Desde el sexenio anterior se ha documentado una tendencia hacia la centralización de la política social, privilegiando la entrega directa de recursos públicos sobre el financiamiento a intermediarios sociales. Sin embargo, esta visión ignora una realidad fundamental: el Estado no puede hacerlo todo.
Aquí es donde la reflexión de Posner cobra relevancia, pues sostiene que la beneficencia privada cumple una función complementaria al Estado, corrigiendo fallas de mercado y atendiendo necesidades específicas que la burocracia no puede identificar con precisión. La filantropía no sustituye al gobierno, pero lo perfecciona; no compite con él, sino que lo humaniza.
Eliminar o debilitar a las organizaciones civiles, entonces, no fortalece al Estado: lo empobrece. Más aún, el retiro de la autorización como donataria tiene efectos devastadores. No implica la desaparición legal de la organización, pero sí limita drásticamente su capacidad de financiamiento.
Y hay un elemento adicional que no debe pasar desapercibido: el riesgo de un “efecto inhibidor”. Cuando las reglas fiscales se vuelven inciertas o discrecionales, las organizaciones no solo enfrentan dificultades económicas, sino también un entorno de autocensura. Criticar al gobierno puede tener un costo financiero. Y en ese escenario, la libertad de expresión deja de ser un derecho para convertirse en un lujo.
La democracia, como un delicado ecosistema, requiere diversidad de actores. No puede sostenerse únicamente sobre la acción del Estado ni sobre la lógica del mercado. Necesita de la sociedad civil como tercer pilar. Debilitarlo es, en términos simples, desequilibrar el sistema.
Por supuesto, nadie sostiene que las ONG deban operar sin controles. La línea entre regulación y persecución puede ser delgada, pero sus efectos son profundamente distintos. El problema de fondo no es fiscal, sino político. En tiempos donde el poder parece desconfiar de la crítica y privilegiar la lealtad, defender a la sociedad civil no es un acto ideológico, sino una exigencia republicana. Porque, como en toda arquitectura democrática, si se debilita un pilar, el edificio entero comienza a crujir.
