Pasó el diez de mayo y las madres buscadoras recordaron con estruendosa voz que, en un país con más de 125 mil desaparecidos, “no hay nada que celebrar”. Más de mil familiares que integran colectivos en busca de familiares a lo largo y ancho del país, cerraron la avenida Paseo de la Reforma en el corazón de la capital mexicana, para colocar las fichas de desaparición de sus seres queridos. Tras la marcha que realizaron el mismo “día de las madres”, denunciaron que “las promesas de campaña, las reformas simbólicas y las reuniones institucionales, no se han traducido en justicia, ni en eficiencia para hallar a los desaparecidos”.
Cabe resaltar que quienes participaron en la movilización, respaldaron la reciente decisión del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, de invocar el Artículo 34 de la “Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”. En dicho apartado, se subraya que cuando se considere que en torno a estos crímenes de lesa humanidad, existe una “práctica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte”, la denuncia deberá ser llevada “con carácter de urgente a la Asamblea General”.
Sirva este dramático escenario para poner en contexto, el tipo de respuesta que, en materia de impartición de justicia, ha dado el actual proyecto de gobierno.
Como es ampliamente sabido, en fechas recientes se realizó una reforma constitucional con la finalidad de modificar la forma en que se elige a los integrantes del poder judicial. A unas semanas de que se desarrolle la primera jornada de votaciones, han arreciado las críticas al proceso de elección judicial, por las implicaciones negativas que pudiera tener.
Más allá de que grupos financieros como Morgan Stanley han degradado la recomendación para invertir en México por dicha reforma, de que diplomáticos (EU y Canadá) advierten riesgos para la democracia y que incluso hay quienes consideran que esta medida pone en riesgo la continuación del T-MEC, lo cierto es que una alarma fundamental versa sobre la posible injerencia del crimen organizado en el citado proceso electoral.
Diversos medios y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que varias figuras inscritas en el proceso, las cuales aparecen en las listas de candidaturas, son sospechosas de tener vínculos con el crimen organizado. El presidente del Senado reconoció que, “tras la validación de las candidaturas realizada por el Poder Legislativo, se ha identificado a abogados con conexiones previas con el narcotráfico que buscan ocupar un puesto en el Poder Judicial”. No obstante, descartó que -el hecho de que unas 26 candidaturas no cuenten con “buena reputación, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes”- ponga en peligro el proceso electoral. La propia presidenta Sheinbaum habló al respecto en una de sus conferencias.
En la conversación sociodigital en torno a este tema, han predominado las críticas. Aunque algunos usuarios digitales han hecho llamados a participar y conocer a los candidatos, alrededor de un 66%, ha realizado señalamientos negativos. Un 18% ha enfatizado que estas elecciones destruyen la democracia, especialmente porque las personas no tienen interés en el proceso y no están informadas acerca de los candidatos. Otro 15% incluso ha subrayado públicamente que “la elección al Poder Judicial busca que Morena pueda cometer crímenes y delitos sin ser juzgado por ello”. Alarma que incluso un 1% ha compartido en las redes sociales, presuntos crímenes que han cometidos algunos de los candidatos y candidatas a un cargo en el Poder Judicial.
¿Será correcta la hipótesis lanzada recientemente por “Integralia”, en su Reporte de Violencia Política? El despacho señala que en un país en el que impera la violencia política, no se habían identificado incidentes de esta naturaleza contra aspirantes o candidatos del proceso electoral judicial, debido a que “las organizaciones criminales podrían haber optado por métodos de cooptación alternativos, incluyendo el posicionamiento de perfiles afines en las listas de candidaturas”. Vale la pena reflexionar a profundidad esta posibilidad.
Preocupa que ante un problema tan grave como el que viven cientos de miles de personas por las desapariciones, la respuesta del Estado Mexicano sea quedarse inmóvil ante el riesgo de que la delincuencia coopte al Poder Judicial. Habrá que estar atentos y reclamar. La #SociedadHorizontal deberá debatir y movilizarse en los próximos días, evidenciar estos preocupantes riesgos y exigir respuestas claras. La viabilidad de una #NuevaRepública está en juego.
