La Policía española detuvo en varias localidades de la provincia de Barcelona a 14 presuntos miembros de un grupo narco vinculado al Cártel de Sinaloa, acusados, entre otros delitos, del secuestro y asesinato de un italiano de 46 años y supuesto integrante de la banda.
Los detenidos, la mayoría de nacionalidad mexicana, son once hombres y tres mujeres de entre 30 y 70 años, entre ellos el supuesto cerebro de la organización y del secuestro de la víctima, cuyo cuerpo fue hallado en agosto en un bosque de Tarragona, en la misma región.
La policía les acusa de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales, secuestro y asesinato.
En los registros practicados en cinco domicilios y en un restaurante en varias localidades de la región de Cataluña, los agentes localizaron un laboratorio de extracción de metanfetamina que recibían desde México impregnada en superficies sólidas, como piezas de ropa, así como esta sustancia preparada ya para su consumo, una gran cantidad de éxtasis y una plantación de mariguana, además de armas de fuego, material tecnológico y dinero.q
Secuestro y extorsión
Tanto la policía española como la policía regional catalana explican en sendos comunicados que la investigación del caso, desarrollada de forma conjunta por ambos cuerpos, comenzó a finales del mes de junio cuando, por medio de la Interpol y Europol, conocieron la denuncia de un secuestro en Barcelona, por el que les pedían el pago de un rescate de 240 mil euros (más de 5 millones 146 mil pesos mexicanos).
Con posterioridad, el 5 de agosto, los agentes localizaron el cadáver de un hombre, con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, en una zona boscosa. La investigación permitió conocer que había sido secuestrado entre el 31 de mayo y el 2 de junio por los ahora detenidos miembros de la organización.
La víctima trabajaba presuntamente para la banda y había viajado desde Italia a Barcelona para reunirse con algunos de los líderes de la red criminal. Los familiares de la víctima en Kosovo recibieron un mensaje de los secuestradores en el que se les exigía el pago para su rescate, y en el que incluían una foto como prueba de vida.
La familia se puso en contacto con la policía, a la que informó de que había realizado un pago de 32 mil dólares en criptomonedas, siguiendo las instrucciones de la organización para dificultar el rastreo del dinero y como consecuencia de la presión que recibía de los secuestradores, a los que pidió una nueva prueba de vida.
A pesar del pago, los familiares no recibieron en ningún momento noticias sobre la víctima y los secuestradores siguieron reclamando más dinero.
