El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU), José Luis Peña Ríos, informó que durante 2025 se han atendido múltiples denuncias contra ranchos ganaderos en Querétaro, principalmente por olores derivados del manejo de estiércol. Hasta el momento se han realizado inspecciones a por lo menos 15 ranchos, de los cuales varios ya fueron sancionados.
“Ha habido muchas quejas, sobre todo en El Marqués. Hemos inspeccionado 15 ranchos; en algunos casos aplicamos sanciones porque no contaban con un plan de manejo de residuos”, señaló
Peña Ríos explicó que estas medidas buscan evitar acumulación de estiércol y problemas mayores de contaminación, particularmente en temporada de lluvias.
El funcionario agregó que además de los ranchos, en lo que va del año se han realizado cerca de 25 clausuras en el estado, de las cuales cuatro corresponden a desarrollos inmobiliarios.
“Llevamos 25 clausuras; no todas de fraccionamientos. De fraccionamientos han sido cuatro y algunos no tienen autorización, en otros casos no están cumpliendo términos condicionantes”, detalló.
Entre las acciones destacan las clausuras en Huimilpan y Corregidora. En este último municipio, un desarrollo en la zona de Arroyo Hondo fue sancionado por carecer de autorización de agua y encontrarse cercano a un área natural protegida.
“Un desarrollo inmobiliario para ser autorizado tiene que tener agua autorizada, y este no lo tenía”, explicó.
En cuanto a las multas, el titular de la PEPMADU precisó que oscilan entre los 56 mil pesos y los tres millones, con un promedio de 300 a 500 mil pesos.
“En lo que va del año ya vamos por ahí de seis millones de pesos recaudados en sanciones”, apuntó. Sin embargo, aclaró que varias de estas sanciones están en proceso de impugnación.
Otro de los casos recientes fue el control de un incendio de residuos en un banco de tiro en La Cañada, el cual fue sofocado con apoyo del municipio de El Marqués y Protección Civil. Además, se han clausurado asfaltadoras y bancos de materiales por incumplir normativas ambientales.
Finalmente, el funcionario aseguró que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) para verificar que los desarrollos entreguen sus informes semestrales.
“La presunción cuando no entregan informes es que no están llevando a cabo las medidas correctivas que se les plantean en las manifestaciones de impacto ambiental”, puntualizó.
