En la entidad hay pocos policías, pero están bien capacitados, revela el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la CDMX (CNGMD) 2025, lanzado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con este informe, el 96.9% del personal de las corporaciones municipales cuentan con el Certificado Único Policial, ocupando así el tercer sitio a nivel nacional, solo por debajo de Campeche que cuenta con el 100% y Coahuila con el 98.9%.
Sin embargo, Querétaro adolece de elementos y la mayoría se concentra en municipios metropolitanos. Al 2025, se reportaron 3 mil 73 elementos, de los cuales 36.2% son mujeres y 63.8% hombres. Cabe señalar que la cifra incluye a los titulares de las instituciones. Esto coloca al estado en los diez últimos lugares al registrar un policía por cada 100 mil habitantes.
El presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública ascendió a los mil 707.5 millones de pesos.
Sobre el desempeño, el Censo refiere que se registraron 6 mil 43 presuntos delitos y 39 mil 398 personas fueron puestas a disposición, de las cuales 34 mil 326 fue ante la autoridad de justicia cívica y 5 mil 72 ante el Ministerio Público (MP).
Las principales faltas cívicas que reportaron los 18 municipios fueron el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, escándalo o ruido que atenta contra la tranquilidad o salud de las personas y conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva.
Con relación a los presuntos delitos, los más frecuentes se relacionaron con robo, lesiones, violencia familiar, delitos contra la salud asociados a narcóticos o en su modalidad de narcomenudeo.
En el ámbito administrativo y de gobierno, también hay resultados. Querétaro ocupó el quinto sitio nacional en materia de servidores públicos sancionados. Según los Órganos Internos de Control (OIC), se registraron 850 denuncias de las cuales 551 fueron procedentes, 20 incompetentes, 64 improcedentes y 190 pendientes de atención.
En el periodo que indica el INEGI, 251 funcionarios fueron sancionados, 103 amonestados de manera pública, 54 en privado, en nueve casos se suspendió el empleo, cargo o comisión, no se registró ninguna destitución, hubo 83 inhabilitaciones y cero sanciones económicas.
Para el desempeño de sus funciones, los OIC ejercieron un presupuesto de 29 millones 184 mil 250 pesos.
