Fuentes locales consultadas por EFE estiman en más de 400 los muertos por un deslizamiento de tierra en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC).
El derrumbe ocurrió el pasado jueves después de que lloviera sobre esa mina, situada en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, un área bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el que continúan las labores de rescate.
Operaciones de búsqueda y rescate
“Ya superamos los 400 muertos, incluyendo mineros artesanales y comerciantes, provenientes no sólo de Masisi, sino también de territorios aledaños e incluso de países vecinos, que vienen a trabajar aquí. Por lo tanto, la tragedia es enorme”, declaró por teléfono a EFE Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi.
“Estamos avanzando con las operaciones de búsqueda y rescate poco a poco con los recursos disponibles. Así, es difícil”, subrayó Nitendi.
El líder de la sociedad civil lamentó que la zona ocupada por los rebeldes del M23, apoyados por el Ejército ruandés (según la ONU y varios países occidentales), no esté siendo administrada, lo que dificulta la organización de las labores de socorro.
“La gente viene de todas partes a buscar a sus seres queridos como puede, sin recursos ni equipo”, enfatizó Nitendi, al pedir ayuda internacional para rescatar a los afectados y ayudar a recuperar cuerpos enterrados bajo el lodo y los escombros.
Ngendu Mwabura, que ejercía como jefe administrativo de Mupfuni Kibabi hasta que fue apartado por el M23, aunque todavía reside en la zona, también confirmó a EFE que “ayer tuvimos más de 300 muertos, y hoy, provisionalmente, más de 400”.
La comunidad internacional debe ayudarnos
“La comunidad internacional debe ayudarnos, ya que estos cuerpos necesitan ser enterrados para prevenir la propagación de enfermedades”, aseveró Mwabura, quien dijo que se ha solicitado la ayuda de la misión de paz de la ONU en RDC (MONUSCO).
“Pero aún no la hemos recibido (la asistencia de la MONUSCO)”, agregó.
En un comunicado publicado este sábado, el Gobierno congoleño ofreció su pésame a las familias de las víctimas y denunció un “sistema organizado de saqueo y explotación ilegal” de recursos naturales por parte del M23.
El Ejecutivo recordó que, antes de que los rebeldes tomaran el control de la zona, el Gobierno la había clasificado como “roja”.
“Esta clasificación -remarcó- impone la prohibición de toda actividad de explotación y comercialización de sustancias minerales, incluida la minería artesanal. Por lo tanto, las actividades de excavación que se llevan a cabo en este emplazamiento constituyen una violación flagrante de la ley y no respetan ninguna norma de seguridad”.
