El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que la Administración de Donald Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descarta ninguna opción si la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington.
“Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, subrayó Rubio durante su intervención en el Senado para informar de los planes de la Administración en el país latinoamericano.
“El objetivo final es que queremos llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática, en la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas”, declaró.
Rubio enfatizó que, aunque se puedan celebrar elecciones, estas no serían libres ni justas si la oposición no tiene acceso a los medios de comunicación ni se le permite participar plenamente.
Tras la salida de Maduro, explicó Rubio, la prioridad inmediata fue evitar un escenario de inestabilidad, ante la posibilidad de que se desatara «una guerra civil” o un éxodo masivo hacia Colombia.
Para ello, Estados Unidos estableció “conversaciones directas y respetuosas” con las autoridades interinas, en referencia a la presidenta encargada.
Rubio también declaró que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado “puede formar parte” de la transición en Venezuela.
A pesar de ello, destacó que ahora “nos guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen”.
Parte de la estrategia incluye un mecanismo mediante el cual Venezuela puede vender petróleo sancionado a precio de mercado bajo “supervisión” estadounidense, con el objetivo de financiar la Policía y el aparato gubernamental y garantizar que los recursos se utilicen “en beneficio del pueblo venezolano”.
“Este mecanismo a corto plazo estabiliza el país y asegura que los ingresos del petróleo sancionado beneficien al pueblo venezolano, no al sistema anterior”, explicó.
La segunda fase, según el secretario de Estado, apunta a la recuperación económica y a la normalización de la industria petrolera, que posee las mayores reservas del mundo, promoviendo “ventas sin corrupción y sin favoritismos.
