Quizá sea una característica ineludible en el reciclado sistema de comunicación con el cual la Cuarta Transformación controla la percepción del electorado (no le interesa nada más), pero el abordaje presidencial del caso Teuchitlán, exhibe claramente la verdadera raíz de esta administración en aparente servicio a los ciudadanos (o al pueblo, como les gusta decir). No se trata de informar, se trata de defenderse, no de facilitar un talón de Aquiles.
Los problemas sociales no ameritan atención por sí mismos –al menos este y sus ramificaciones– porque son simplezas y exageraciones promovidas por los adversarios. Lo demás, simplemente obstáculos en el feliz desarrollo de una doctrina infalible a la cual no le encajan errores u omisiones. Por eso lo necesario y urgente es frenar a la derecha carroñera (carroña reiterada por Noroña) en su aleve intento de dañar políticamente al “humanismo” comprometido con la redención de las masas.
No ser trata de comunicar hoy las infructuosas (por nuevas y apenas anunciadas), acciones legales y de gobierno. Mucho menos someter a juicio ciudadano los incipientes compromisos de remediación. No, porque no quedan claros en la vaguedad del conjunto.
La oferta consiste en apabullantes promesas e inciertas estructuras y recursos forenses (eso implica hablar de muertos; no de desaparecidos) sin fecha ni estrategia; acciones –cambios legales e institucionales previamente desmantelados como la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo–, como escudo ante la perfidia de quienes actúan contra el supremo gobierno al cual ni siquiera se nombra así: desde el podio presidencial se le dice “nuestro movimiento”.
La palabra “movimiento” desde la sede del poder constitucional, deja un hálito inconveniente de defensa partidista. Hasta donde sabemos, y de acuerdo con la Constitución (tan pervertida y degradada como esté ) no prevé en las facultades ejecutivas la defensa de algún movimiento político, sino el gobierno republicano. Pero no parece así ahora.
“…vamos a hablar de la campaña, de oposición, de la oposición en contra de nuestro movimientoque, como buenos carroñeros, bastante hipócritas, se suben a estas, construyen estas campañas, compran bots, le meten mucho dinero a las redes sociales y construyen este ambiente, según ellos porque, en realidad, se queda nada más prácticamente en la red X, que es de un porcentaje de este tamaño, viven de eso. Pero son campañas que tienen mucho dinero y vale la pena denunciarlas”, dijo el martes pasado.
Ante este fraseo uno se puede preguntar sin ofender a la investidura: ¿la señora presidenta (con A), encabeza las instituciones nacionales o conduce un movimiento heredado?
Otro aspecto interesante en torno de este agudo problema es la distinción entre una desaparición y una desaparición forzada. La primera es un delito. La segunda –por la intervención de autoridades de cualquier orden–, una violación de los Derechos Humanos además de un crimen, como bien ignora la piedra en el zapato de la CNDH.
Cuando esta segunda posibilidad sucede , todo un gobierno se mancha, como sucedió, al menos en la propaganda, con el caso de Iguala. Por eso lo fundamental ahora es demostrar la inocencia del movimiento en sus dos pisos inseparables: el anterior y este.
Este párrafo es útil para el análisis:
“–Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito sumamente grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado (CSP)”.
Esto, en palabras frecuentes de Marcelo Ebrard, es un tiro en el pie.
Cuando se dice “antes, en el pasado” se debe suponer todo lo ocurrido en México previamente al 2018, cuando se instaló el movimiento de la Cuarta Transformación en la república. En aquel lejano tiempo el Estado –dicen– desparecía (supongo) opositores, guerrilleros, campesinos conflictivos, estudiantes, terroristas, cuánto hubiera o inventara. Bien.
De 2018 para acá el Estado no tiene esa conducta. Pero siguen desapareciendo personas ahora por la delincuencia organizada ante la cual estos gobiernos, han sido impotentes para garantizar la seguridad en el país.
Resulta innecesario, en verdad, recalcar la confesión de incapacidad por no desorganizar al crimen organizado; impedir sus delitos, evitar sus crímenes. Si se permite la digresión, es como cuando el (des) gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Mayo, anunció la paz en el Estado para cuando los grupos criminales en pugna terminaran su conflicto, porque la paz pública –como la violencia asesina–, dependía (e) de ellos. Quizá por eso y otras felonías, hasta el gobierno de los Estados Unidos –tan atento a las mañaneras–, señala una “intolerable” cercanía entre el régimen y el crimen. Gringos carroñeros.
Si la solución anunciada merced a las seis medidas planteadas se conjuga toda en resultados futuros, eso nada más hace evidente el desinterés del sexenio anterior en cuanto al asunto.
Justo es decirlo, este es un problema heredado, pero no siempre una herencia es un conjunto de bienes, ni debe aceptarse sin reparo alguno.
Como dicen los juristas, se puede repudiar o rechazar. A veces un legado puede ser un legajo de errores: un mal hereditario como sucede en la naturaleza con el cáncer o la diabetes, el sida o alguna otra enfermedad, pero la presidenta (con A), –por su orgullosa y perpetua lealtad–, jamás reconocerá un error de su antecesor, inspirador, protector y mentor. Obrador, el de su honor.
Sin embargo y pasando eso por alto, las expresiones del pasado miércoles, en fortalecimiento de la tesis inicial de este texto, son notables. Tanto como para haber creado, sin fines ulteriores, una figura novedosa en la administración y la propaganda: un coordinador de “Infodemia” llamado Miguel Ángel Elorza. Deberìa ser coordinador contra la infodemia, pero ni eso.
Infodemia es el epidémico contagio de información masiva y fraudulenta a través de contenidos, especialmente digitales a través de recursos diversos, entre ellos los “bots” y las granjas , como –por cierto–, hizo Morena durante tantos años y lo sigue haciendo.
“Hoy vamos a mostrar –dijo el sucesor de la señora Vilchis–, cómo en redes sociales, principalmente en X, antes Twitter, el tema del caso Teuchitlán ha sido manipulado con el uso de bots para generar una narrativa que, en primera instancia —hay que decirlo—, no es orgánica y persigue intoxicar la conversación; a su vez, atacar a la Presidenta y a su gobierno, así como al Presidente López Obrador”. Dios nos libre.
Una estrategia similar a las acusaciones de golpismo cuando se divulgaba la crónica escasez de medicinas contra el cáncer.
Exhibir atrocidades y exigir buenos resultados no son derechos ciudadanos: son un crimen contra el humanismo y la revolución de las conciencias; una conspiración de lesa patria.
