Ariel González Jiménez
La semana pasada pudimos conocer el caso de Sonia Solórzano, una mexicana que vivía en Phoenix, Arizona, y que decidió volver a México ante la persecución y deportación ordenadas por el gobierno de Donald Trump. Puestos ante la posibilidad de ser apresados como delincuentes y perder el patrimonio formado en EU, muchos paisanos tomaron de inmediato la decisión de volver a México por su propio pie.
Sin embargo, al cruzar Nogales la señora Solórzano fue detenida junto con su familia por agentes aduanales que los despojaron de 5 mil dólares y del auto en el que viajaban. Conforme han pasado los días, su caso ha adquirido notoriedad, pero evidentemente no es el único. El regreso voluntario de muchos paisanos hacia México está lleno de riesgos y de historias siniestras como esta.
Miles de paisanos están dejando atrás un país que reniega de la raíz primigenia de su grandeza y del “sueño americano”, la inmigración, para tratar como delincuentes y parias a quienes llegaron de fuera con la única esperanza de encontrar mejores ingresos y progresar. Son víctimas de la solución populista por excelencia para todos los problemas: ser señalados, sin ningún matiz ni distinción, como enemigos.
Y ahora vuelven a un país, el suyo, en que lo primero que encuentran es el robo de lo poco que consiguieron ahorrar o la extorsión no sólo de quienes los deberían de proteger, las autoridades aduanales, sino también de los grupos criminales que parecen estar esperando por ellos. Es un cuadro por demás indignante y dramático del que desgraciadamente vamos a seguir teniendo muchas noticias en los próximos meses y años.
El gobierno de la 4T pretende ignorar que miles y miles de mexicanos –por momentos a un ritmo superior al de los gobiernos “neoliberales”– cruzaron la frontera norte huyendo en muchos casos de la violencia e inseguridad que vivían en sus estados de origen. ¿Qué peor pesadilla pueden sufrir estos paisanos que ahora, perseguidos y/o deportados, están obligados a volver a los pueblos y ciudades donde ya no podían vivir en paz?
¿Podemos imaginar el traumático regreso de estos connacionales a estados como Tamaulipas, Zacatecas, Morelos, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tabasco o Chiapas? ¿Qué les espera si van camino a Puebla por carretera o hacia cualquier otro estado donde sólo la Presidencia de la República y sus propagandistas suponen que hay tranquilidad?
Es tal la impreparación y desidia de las autoridades mexicanas frente a la crisis en puerta, que ni siquiera el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha puesto al día. No sólo eso, sino que su todavía titular, Francisco Garduño, ha sido beneficiado con la suspensión provisional del proceso en su contra por el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez en el que murieron 40 personas. Si estos cargos que pesaban en su contra no le han quitado el sueño a este funcionario “modelo”, menos aún las acusaciones de corrupción en el Instituto y la enorme opacidad que han caracterizado su gestión. A la Presidenta Sheinbaum, que justifica su permanencia en el cargo, no le corre ninguna prisa para relevar a este funcionario nombrado por López Obrador, lo que nos recuerda quién sigue llevando las riendas del gobierno morenista.
Es claro, pues, que el gobierno no se ha concentrado seriamente en garantizarles a los migrantes al menos un retorno seguro a sus muy inseguras ciudades y municipios de origen. Y en medio de todo esto sorprende que la Presidenta Sheinbaum se dé tiempo para promover, como una de sus prioridades, su agenda política antidemocrática. Así, el viernes pasado, mientras que clamaba que la designación como terroristas de los cárteles “no ayuda” a la cooperación y que no permitirá que se asocie el nombre de México con el tema del narcotráfico (como si pudiera impedirlo cuando ya en el mundo entero la reputación nacional es esa), celebraba también que en agosto próximo los ministros de la suprema corte de justicia de la nación “ya se van” y que también ha integrado un grupo de trabajo para elaborar una iniciativa que busca desaparecer a los legisladores plurinominales, reducir el financiamiento público a los partidos y, en conjunto, disminuir el costo de los procesos electorales, retomando así las propuestas presentadas en abril de 2022 por López Obrador y que entonces no tuvieron éxito por no contar con la mayoría calificada en el Congreso.
Así que no hay crisis externa que le impida a su gobierno atentar contra la pluralidad y la representación democrática de las diversas corrientes y fuerzas políticas del país. Lástima que Trump no tenga tiempo (él sí tiene otras prioridades) para elogiar esta iniciativa que le resultaría muy afín con su programa populista autoritario.
Mientras tanto, los miles de mexicanos deportados vuelven a un país más inseguro que el que dejaron; a un país con menos oportunidades si consideramos tan solo que México ha tenido uno de los crecimientos económicos más mediocres de su historia contemporánea; vuelven también a un país que está por entrar, con justificada incertidumbre, a un sistema judicial expuesto esencialmente a la corrupción política, los intereses caciquiles y, desde luego, al visto bueno del crimen organizado. Igualmente vuelven a un país donde la democracia formal se halla en su mínima expresión y que, con iniciativas como las que ahora mismo promueve la presidenta Sheinbaum y su partido, llevarán al país en los próximos años a una declarada autocracia.
Los paisanos que ahora regresan a México se encuentran con un país que en nada coincide con las promesas de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y así aprenden de golpe que una cosa es ver de lejos la “Cuarta Transformación” y otra, muy distinta, hacerlo desde México. Como sea, son bienvenidos. El verdadero abrazo no se los dará un gobierno cada vez más corrompido e ineficaz, sino sus familias y amigos que los están recibiendo como lo que son: gente de lucha, esfuerzo y trabajo, orgullosos mexicanos que merecen un país diferente del que nunca más tengan que irse.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
