El colectivo Justicia y Equidad denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades y actos de corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, específicamente en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Durante una rueda de prensa, dos integrantes del colectivo señalaron que los derechos de niñas, niños y adolescentes están siendo vulnerados a través de malas prácticas institucionales.
Ángeles Silva, representante del colectivo, acusó que la FGE estaría priorizando intereses personales sobre el bienestar de la infancia. “Es inaceptable que no cuenten con personal calificado para analizar y buscar la evidencia necesaria para esclarecer las denuncias recibidas”, afirmó. De acuerdo con su testimonio, las autoridades delegan tareas clave a una institución de asistencia privada sin autorización formal ni personal especializado, lo cual ha derivado en presunta revictimización de menores.
Silva sostuvo que se están aplicando pruebas psicológicas no aprobadas, con entrevistas dirigidas y resultados “repletos de adultocentrismo y alineación parental”. Aseguró que se está usando esta estructura para obtener una reparación económica que, según afirmó, “será repartida entre los implicados”, sin beneficiar directamente a las víctimas. “Estas malas prácticas muestran una evidente red de corrupción que es orquestada por la Fiscalía Número 4”, expresó.
El colectivo exigió al gobernador del estado, Mauricio Kuri González, una revisión exhaustiva de los recursos públicos destinados a instituciones privadas involucradas en estos casos. “Pedimos que esos fondos se asignen a personal calificado para realizar peritajes y análisis psicológicos con enfoque en derechos humanos”, agregó Silva. También solicitaron que los casos en manos de dicha fiscalía y la institución mencionada sean auditados por especialistas forenses en delitos sexuales y criminología.
Ante cuestionamientos sobre por qué no se ha presentado una denuncia ante instancias anticorrupción, el colectivo señaló que la persona que anteriormente dirigía la Fiscalía Número 4 ahora encabeza la unidad involucrada, lo que —según su postura— impide una revisión parcial.
En la misma conferencia, Clara Aguayo, otra integrante del colectivo, anunció una movilización nacional para el próximo 15 de noviembre. Informó que se organizará un “tendedero estatal y federal” para visibilizar a madres que presuntamente incumplen con obligaciones alimentarias o usan a sus hijos como “moneda de cambio”. “Ya se entregó la fecha al gobernador. Esperamos contar con más de quince mil personas a nivel nacional”, dijo.
Finalmente, el colectivo señaló que actualmente han documentado alrededor de siete casos, aunque aseguran que continuarán trabajando para dar seguimiento legal y social a todos ellos. Enfatizaron que su lucha no busca confrontar a ningún género, sino exigir justicia sin sesgos. “Todos somos iguales en el sentido de impartición de justicia, de derechos, de oportunidades”, concluyó Silva.
