El Partido Acción Nacional denunció ante la Fiscalía General de la República a la senadora morenista Andrea Chávez por el presunto financiamiento ilegal de actos anticipados de campaña en Chihuahua, en los que habría cometido 15 delitos, entre ellos delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Encabezados por Jorge Romero, presidente nacional del partido, dirigentes y legisladores panistas presentaron esta mañana su querella en la Delegación de la FGR en la Ciudad de México por las caravanas de la salud que encabeza la chihuahuense, con unidades móviles de servicios médicos en su entidad.
La querella también fue presentada contra el empresario Fernando Padilla Farfán, el supuesto mecenas de la chihuahuense, y de quien, afirmaron, recibió más de 2 mil millones de pesos en contratos de distintos gobiernos estatales, y contra las empresas FMedical S.A. de C.V. y Línea Médica del Sur S.A. de C.V..
“Este también es un llamado a la Presidenta de la República, a quien le damos el beneficio de la duda, de cómo ella pretende reaccionar con compañeras y compañeros de su movimiento actuando al revés de cómo ofrecieron”, dijo Romero al salir de la sede ministerial.
“¿Cuál es la opinión que tiene la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum? Hoy nosotros como Acción Nacional venimos a hacer lo que creemos se debe (hacer)”.
De acuerdo con la denuncia presentada, los delitos en los que habrían incurrido la senadora y el empresario son defraudación fiscal, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades.
También, el pago y recibo indebido de remuneraciones del de los servidores públicos, concusión, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, desvío de recursos en materia de salud y delincuencia, organizada.
El ex senador Roberto Gil Zuarth dijo que el de Chávez es uno más de los esquemas criminales que ha usado Morena para financiar sus campañas, como ocurrió con el huachicol fiscal, en el que las empresas involucradas destinaron parte de sus ganancias a la compra de camionetas, aviones y los gastos electorales del partido en el poder.
“Venimos a aportar los elementos que dibujan este esquema ilícito. Al menos 15 ilícitos se han cometido en esta trama, probablemente en el mayor escándalo de corrupción política de la que tengamos memoria, sobre todo porque la propia involucrada ha dicho, en primer lugar, que se trataba de una donación y después que se trata de convenios de colaboración”, comentó Gil Zuarth.
“Convenios de colaboración que no están en el ámbito de las facultades de una senadora de la República, un legislador federal, una legisladora federal, no puede convenir con un particular la prestación de servicios que le corresponden al estado porque esto le corresponde al estado; este es desde nuestra perspectiva el robo perfecto. Le roban recursos al pueblo que deben de estar destinados a curar la enfermedad, a proteger la vida. Le roban recursos al pueblo en nombre del pueblo para someter política electoral y sobre todo para mantener al pueblo pobre y enfermo, porque eso es justamente lo que hicieron, desmantelaron el Seguro Popular”.
