El expresidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró en una audiencia judicial que su “derecho a la defensa y a (mostrar) las pruebas” fue vulnerado por el Congreso en el proceso parlamentario en el que fue destituido tras el fallido autogolpe de diciembre pasado.
“Primeramente, no he tenido antejuicio político. Segundo, que no he renunciado a este derecho constitucional de antejuicio político y tercero que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso”, declaró Castillo, quien participó virtualmente y desde prisión en la audiencia en la que se evaluó su solicitud de anular la resolución que declaró su destitución.
El exjefe de Estado agregó que nunca ha pretendido salir de Perú, aunque su esposa e hijos permanecen asilados en México, y reafirmó su voluntad de “rendir cuentas en honor a la verdad” en su país.
“¿Por qué tendría que salir del país? ¿Dónde están las pruebas que quiero salir? Yo no he matado, no he robado ni he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas en honor a la verdad lo haré siempre aquí en mi país”, aseveró.
Castillo intervino al término de la audiencia judicial en la que el juez Juan Carlos Chekley revisó la solicitud presentada por el exmandatario con el objetivo de anular las resoluciones del Congreso que declararon la vacancia (destitución) presidencial y levantaron el antejuicio político tras su intento de golpe de Estado.
Durante la sesión, la defensa de Castillo, encabezada por el abogado Eduardo Pachas, quien ya había representado al expresidente cuando estaba al mando del Ejecutivo, argumentó que durante el proceso de vacancia no se le concedió el derecho a defensa y no se realizó un antejuicio político, el proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios.
El exmandatario fue destituido por el Parlamento el 7 de diciembre pasado por “permanente incapacidad moral”, apenas unas horas después de que anunciara la disolución del Legislativo y declarara un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
La votación de la vacancia presidencial se anticipó tras este anuncio de Castillo y obtuvo el respaldo de 101 de los 130 congresistas que integran la cámara peruana, que horas más tarde tomó juramento a la actual presidenta, Dina Boluarte.
Durante la audiencia de este martes, la Procuraduría General del Estado (entidad encargada de representar jurídicamente la defensa del Estado peruano) pidió al juez que se declare nula la petición de la defensa de Castillo.
Tras escuchar los argumentos de las partes, Checkely señaló que expedirá la resolución en el plazo de ley correspondiente.
