La discusión nacional sobre la generación de energía, que pasa por la generación renovable y los derechos de las empresas privadas para generarlas, y el uso de combustóleo por el gobierno federal para las plantas combinadas, es un embudo lleno de verdades a medias y no tocan un asunto de interés para los ciudadanos.
Unos festejan que hayan obtenido la suspensión provisional o definitiva en sus juicios de amparos contra la iniciativa de reforma impulsada por el ejecutivo federal en la materia, mientras el gobierno pide que se investigue a los jueces que concedieron la medida cautelar, sin embargo, habría que preguntarse ¿cuál es el verdadero interés de la nación?, y pues, pasaría a describir tan sólo algunos resortes importantes.
- Es interés de la nación lograr una transición energética, para reducir las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero.
- Lograr una soberanía energética del país, para romper con la dependencia exterior
- Fortalecer las empresas estatales que brindan beneficios sociales y cuyo motor no es la avaricia, ni la ganancia.
- Desatar la democracia energética, entendiendo por ello, el acceso por parte de todo ciudadano a contar con energía y también a producirla.
- Impulsar fuertemente la energía distribuida menor a los 500 KW, que esta considerada en la ley vigente y con ello, propiciar ingresos para los pequeños generadores, las casas habitación, las micro y pequeñas empresas locales. Y con ello, fortalecer la economía local, más no la economía de las trasnacionales.
- Utilizar el combustóleo, como producto residual, en las plantas de ciclo combinado para mezclarlo con el gas natural y así reducir su efecto contaminante sobre todo del azufre, a fin de generar un beneficio económico para Pemex y la CFE.
- Cobrarles a las empresas privadas el derecho a la trasmisión, que actualmente no pagan. Y revisar sus expedientes para conocer si cuentan con los requisitos de la manifestación de impacto social y la distribución de los ingresos a las comunidades donde asentaron los proyectos.
- Lo trascendente es la discusión para focalizar y adoptar un esquema de democracia energética, pensando que ello, como ya se viene demostrando, son los ciudadanos quienes impulsan la adopción de energía renovables, sobre todo la solar, en sus casas habitaciones, pero sería de gran impacto, que las micro y pequeñas empresas, que son el grueso de las empresas que mantienen los empleos en este país, se vieran beneficiados, ya sea para su autoconsumo o para vendérsela a la CFE.
No es viable transitar a una economía basada en la generación de energía por parte de empresas privadas trasnacionales, pues de fondo, estaríamos siguiendo un esquema de dependencia en manos de empresas monopólicas extranjeras, cuando sería posible generar desde los ejidos y comunidades, en los techos urbanos de casas o negocios la producir la energía que se necesita gracias a las ventajas comparativas de irradiación solar principalmente y en algunas zonas eólica. Para ello, es necesario programas de inversión pública para apuntalar el financiamiento y que los municipios favorecieran este tipo de iniciativas, para mitigar su consumo energético en alumbrado público o en la energía que gastan en el flujo de agua potable y las residuales.
Esto sería un gran movimiento socioenergético democrático en favor del interés de la nación, que implica una distribución de la riqueza y la apertura incluyente de los nuevos prosumidores energéticos.
La discusión no debe centrarse en la contradicción entre gobierno federal y las empresas privadas, sino en el cómo desplegar la democracia energética. Y esto es parte de los temas centrales que deberán aparecer en los próximos debates en torno a las propuestas electorales que se avecinan.
La cuestión energética no es un tema de ganancias económicas para unos u otros, se trata de una cuestión central para el desarrollo del país y para la sostenibilidad.
