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Gerardo Ángeles, secretario de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, es el diputado que habrá de analizar los documentos turnados por la Oficialía de Partes de la Cámara para determinar si seguirá en curso la solicitud de juicio político en contra de Marcos Aguilar Vega promovida por el comerciante del Centro Histórico Alfredo Serrano. Así lo declaró la presidenta del Congreso Local Carmela Zúñiga quien se comprometió a que el estudio del caso será de forma responsable y profesional.
“Se estudia, se analiza de una forma muy responsable. Es el procedimiento y así está en ley”.
Por su parte, el diputado por el Revolucionario Institucional, Mauricio Ortiz Proal apuntó que no habrá filias ni fobias partidistas en las determinaciones que se tomen en el Congreso “Tenemos que garantizar que cualquier persona tenga la seguridad de acceder a un debido proceso. Que eventualmente si se llega a esa parte del procedimiento, pueda ser escuchado para argüir los argumentos para defenderse. No tiene por que haber un tratamiento diferenciado”.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso local, una vez que la Oficialía de Partes notifica al Secretario de la Comisión Instructora, se debe notificar al denunciante al día siguiente para que en un lapso no mayor a 5 días se presente a ratificar su denuncia. Posteriormente, se debe turnar al Presidente de la Comisión Instructora quien tendrá un lapso de 15 días para llamar a los integrantes de la Comisión y resolver sobre la incoación o no del procedimiento.
Si el auto va en el sentido de incoación, el edil Marcos Aguilar sería llamado a comparecer siete días hábiles después de la notificación. Luego vendrían 5 días más de alegatos.
Las conclusiones del caso se turnarán a la Presidenta de la Legislatura quien deberá llamar a Sesión de Pleno para que por mayoría absoluta los congresistas decidan si se erigen en órgano de acusación. De ser así, debería suceder en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de cerrarse el plazo para formular alegatos.
En caso de que la Legislatura resolviera acusar al edil, se le suspendería de su cargo para ponerle a disposición del Tribunal Superior de Justicia Una vez que el poder Judicial tuviera la acusación en su poder, se turnaría a la Sección de Enjuiciamiento para dar paso a los alegatos y conclusiones.
FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ
