Una vez más, como cada año desde 1992, se aprobó una resolución de rechazo al embargo a Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas, con 184 votos a favor. Abundaron pronunciamientos sobre el daño que las sanciones han causado en la isla, cuyos cálculos, según el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ascienden a más de 147,800 millones de dólares, además de otros efectos, como afectaciones en la importación de medicamentos; falta de acceso a servicios y productos para necesidades personales y para actividades productivas; vínculos familiares limitados; obstáculos en intercambios académicos, científicos y culturales, y la profundización de desigualdades.
Según el Consejo de Relaciones Exteriores, las sanciones han sido herramientas utilizadas por gobiernos para “tratar de alterar la decisión estratégica de actores estatales y no estatales que amenazan sus intereses o violan normas de conducta internacionales”.
Existen muchos tipos de sanciones: las prohibiciones de viaje, el congelamiento de activos, el embargo de armas, las restricciones de comercio, entre otras. Algunas pueden derivar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; otras se han impuesto de manera unilateral. Además de la protección de la democracia y los derechos humanos, se han impuesto sanciones con objetivos de contraterrorismo, no-proliferación y resolución de conflictos, por mencionar algunos.
A miles de kilómetros y de realidades de Cuba se encuentra Irán, con una negociación compleja alrededor del acuerdo nuclear de 2015, cuya reactivación depende, en gran medida, de que Estados Unidos levante las sanciones impuestas al país asiático. Mientras tanto, en el otro extremo de medidas internacionales, estamos atestiguando la retirada de tropas estadounidenses en Afganistán, después de 20 años de presencia, miles de víctimas y cerca de 1000 billones de dólares de contribuyentes, lo cual ha detonado debates que cuestionan si esos costos valieron la pena.
Las preguntas que surgen son, por un lado, si las sanciones que se imponen bajo banderas como la promoción de la democracia y de los derechos humanos, así como el mantenimiento de la paz, efectivamente funcionan. Por el otro, si los efectos no esperados resultan más costosos que los beneficios, y causan daños irreparables a las poblaciones.
La Unión Europea, en sus “Principios Básicos para el uso de medidas restrictivas (sanciones)”, establece que cuando se decide implementar sanciones, éstas deben reducir al máximo cualquier efecto humanitario adverso o consecuencias no deseadas para personas que no son blanco de ellas o para países vecinos.
La pandemia de COVID-19 ha reflejado de manera elocuente que las sanciones tienen efectos no deseados que se amplifican en situación de crisis. Varias organizaciones pidieron poner fin al bloqueo en Cuba, particularmente durante la pandemia. La representante de Oxfam en la isla ha declarado que tales sanciones representan un freno real para adquirir ventiladores pulmonares mecánicos, mascarillas, kits de diagnóstico, reactivos, jeringuillas para la vacunación y otros insumos necesarios para el manejo de la pandemia.
Un reporte de la Asamblea General de las Naciones Unidas afirma que las sanciones, en contexto de pandemia, entorpecen la capacidad de los países para responder a la crisis, impiden su recuperación a largo plazo y, de hecho, crean condiciones para que surjan actos de corrupción.
Sobre si las sanciones funcionan, las respuestas que han arrojado las investigaciones son que cada caso tiene su propia dinámica y que, además, el análisis no sólo se debe enfocar en el resultado, sino incluir su utilidad comparativa respecto a otros cursos de acción.
Difícilmente, las sanciones por sí mismas logran transformaciones profundas y sustantivas. Es más probable el éxito, si tienen objetivos específicos y alcanzables, si forman parte de narrativas creíbles y de una estrategia integral más amplia con medidas de involucramiento para alcanzar los objetivos de política y seguridad que buscan los países. En cualquier caso, la efectividad no debe ser la única variable por considerar al momento de valorar la imposición de sanciones; las consecuencias no deseadas en las poblaciones pueden ser devastadoras.
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