La legalidad electoral no es un capricho ni una formalidad estética: es el cimiento de la equidad en la competencia política y, por ende, un pilar de la democracia misma. Sin embargo, en el estado de Querétaro, a casi dos años de las elecciones locales del 2027, diversos actores políticos han reincidido en una práctica que, aunque aparentemente menor, vulnera principios fundamentales del sistema electoral: la pinta adelantada de bardas con propaganda de corte proselitista.
Estas pintas, generalmente disfrazadas bajo la etiqueta de “posicionamiento político”, consisten en la inclusión de nombres, colores o frases que, sin mencionar expresamente el cargo al que se aspira, pretenden posicionar en el imaginario ciudadano a futuros candidatos o partidos. La técnica es conocida, burda y cada vez más irritante. Aunque las autoridades electorales han emitido criterios y sanciones en otros momentos y estados del país, la reincidencia demuestra no sólo una falta de respeto a la normatividad, sino una preocupante desconexión de los partidos con la ciudadanía.
El marco normativo en materia electoral es claro: la propaganda electoral solo puede difundirse dentro de los plazos permitidos por la ley, específicamente durante el periodo de precampañas y campañas, según lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus correlativos locales. Fuera de dichos periodos, cualquier manifestación de apoyo, promoción personalizada o exposición de imagen vinculada a un proceso electoral puede constituir un acto anticipado de campaña o precampaña, e incluso un uso indebido de recursos si se vincula con actores públicos.
Esta es una mala praxis que se da en todo el país y que es propia de todos los partidos y personas que aspiran a ser candidatos por primera vez o reelegirse en el mismo u otro cargo, y que fue utilizada impunemente por la propia presidente Claudia Sheinbaum a lo largo y ancho del país. Hoy tenemos nacionalmente varios ejemplos, algunos de ellos mediatizados ampliamente como el de la senadora Andrea Chávez en el estado de Chihuahua. Querétaro no está exento, ahora aparece como un fenómeno blanquiazul, y a pesar de que su dirigente estatal ha desconocido el origen, las autorías o la intención de las pintas, son obvias.
Los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han señalado que lo determinante no es únicamente la temporalidad, sino la intención y el contenido de los mensajes. Cuando una pinta de barda contiene el nombre de una persona ligada a un partido político, acompañada de frases, se configura un mensaje que, aunque disfrazado de genérico, busca posicionar electoralmente a una persona. Es decir, el fraude a la ley se disfraza de ambigüedad.
El problema no es solo legal, es ético. Más allá de la infracción normativa, el uso de esta práctica pone en evidencia un problema más profundo: la desconexión de los partidos con el pulso social. La ciudadanía queretana, como la del resto del país, está cada vez más harta de las simulaciones. Mientras los problemas cotidianos —movilidad, inseguridad, escasez de agua, desigualdad— siguen sin soluciones claras, los partidos parecen más ocupados en marcar territorio con pintura, como si el proceso electoral fuera una guerra de grafitis y no un ejercicio democrático fundado en el debate de ideas y propuestas.
Este tipo de propaganda anticipada no sólo resulta ineficaz desde el punto de vista comunicacional —pues genera rechazo más que simpatía— sino que representa un acto de desprecio a la inteligencia del electorado.
En los corrillos políticos se sabe que la aparición de las pintas se debe a la cercanía con el cuarto informe del titular del gobierno estatal, y es que dicen los asesores de los personajes que se promueven en ellas, que ya está a punto de llegar la fecha en la que se decidirá quién es el gallo o el bueno para la gubernatura, y entonces hay que hacerse patente no sólo en las encuestas, sino en el imaginario o en las intenciones de quién decidirá al candidato que lo intentará suceder en el 2027. Y aunque algunos de los miembros de la élite en el poder de la Casa de la Corregidora ya tienen su preferido, aún no hay un consenso de unidad ni definitivo.
En este contexto, es urgente que los institutos electorales, local y nacional, actúen con celeridad, firmeza y ejemplaridad. La tibieza en la fiscalización o la demora en los procedimientos no solo permite que la infracción continúe, sino que envía un mensaje de impunidad. Es sabido que muchas de estas pintas se realizan con la expectativa de que para cuando haya una sanción, si es que la hay, el daño —o el beneficio político— ya estará hecho.
Lo que sí debemos resaltar es que prontamente veremos una multiplicación exponencial de estos fenómenos por parte de todos los partidos y aspirantes. Por ello, la fiscalización debe ser proactiva. Las denuncias ciudadanas, no pueden ser el único detonante para actuar. Los órganos electorales tienen no solo la facultad, sino el deber de monitorear sistemáticamente el espacio público y digital.
La democracia no puede permitirse actores que la transgreden sin consecuencias. Y esto va para unos y otros, pues en Morena también hay ya muchos adelantados desde el 2024 violando abiertamente la legislación electoral.
Pero la mayor responsabilidad recae en los partidos políticos y sus aspirantes. No se puede hablar de construir democracia violando sus reglas fundamentales. La apuesta por el adelantamiento ilegal de campañas no solo es una trampa, es también una señal de debilidad: quien no confía en su capacidad de convencer durante los tiempos legales, opta por imponer su imagen antes de tiempo, como si la repetición sustituyera la argumentación.
Los partidos deben entender que los tiempos han cambiado. La ciudadanía ya no es la misma que hace años, cuando estas prácticas podían tener algún impacto favorable. Hoy, cada barda pintada fuera de tiempo genera molestia, burla y, sobre todo, desconfianza. El votante actual está más informado, más escéptico, y en muchos casos lamentablemente alienado, principalmente a través de los programas sociales y sus engañosos beneficios.
Es momento de dejar de romantizar la vieja política del “ya se siente” y apostar por una contienda donde la legalidad no sea el techo mínimo, sino el punto de partida.
