Partamos de premisas fáciles. Primera: el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la capacidad mental para decidir entre lo bueno y lo malo; segunda: el presidente conoce los alcances y efectos del desacato a las leyes y resoluciones de los jueces; tercera: el presidente está consciente del impacto de sus palabras y sus actos en el comportamiento de sus seguidores.
Por lo tanto, elaborar y ordenar la aprobación inmediata, sin ejercicios parlamentarios, de leyes que de antemano sabe que van contra las disposiciones constitucionales, presume una intención perversa maquinada con plena consciencia de sus alcances y efectos.
Hacerlo con prisas, respondiendo a la necesidad de los tiempos electorales, implica también perfidia, cuya definición llana es deslealtad, quebrantamiento de la fe debida inherente a su responsabilidad jurada de respetar y hacer respetar la Constitución Política Mexicana y las leyes que de ella derivan.
Al ordenar la aprobación precipitada de cuando menos 20 leyes o disposiciones, sabedor de que serían combatidas por los medios legales, el presidente está lanzando un dardo envenenado a la Suprema Corte de Justicia y sus Ministros.
Obligados como están a la aplicación estricta de la ley, es de esperarse que emitan resoluciones contrarias a lo aprobado velozmente en las cámaras legislativas, y eso igualmente está en el cálculo político presidencial.
Y es un dardo envenenado porque para él, lo importante no es que se discuta sobre el contenido de las leyes aprobadas y si estas son en verdad convenientes y benéficas, sino que la discusión pública verse sobre los villanos ministros que impiden la transformación del régimen corrupto, eje principal de la retórica oficial.
La descalificación y los insultos a los ministros ya son usuales en las conferencias mañaneras y las instrucciones precursoras del desacato ya fueron adelantadas al ordenar a sus secretarios que ni siquiera les contesten el teléfono.
El mensaje es ominoso. Si el presidente de la República, obligado por juramento a respetar la Constitución no lo hace, las premisas enunciadas al inicio traen aparejada la conclusión. Hay perversión en los actos presidenciales encaminados por lo visto a consolidar un régimen en el que la representatividad y la democracia sean solo legitimadores de la voluntad presidencial.
Con un poder legislativo sometido, con el sector militar mediatizado y omnipresente por voluntad presidencial en aspectos sustanciales de la vida civil, el siguiente paso es el sometimiento del poder judicial.
A los militares les ofreció la manzana de la ambición y les abrió la puerta para la ejecución de sus proyectos sin la menor transparencia, lo que es una invitación a la corrupción. Para el poder judicial no hay manzana, solo amenazas, turbas de provocadores a la puerta y discursos de odio para que sus seguidores los multipliquen.
Todo en preparación de lo que será sin duda el golpe final, enmarcado en una reforma del poder judicial que intentará en cuanto logre obtener la mayoría calificada en el Congreso, obligando a su sucesor y heredero continuar con la defenestración de los ministros y constituir una corte de afines y serviles.
Las instrucciones han sido dadas a los gobernadores y a los legisladores de ambas cámaras para concentrarse en el trabajo electoral que le permita contar con mayorías suficientes en el Congreso para aprobar reformas constitucionales que continúen con la desarticulación de los organismos autónomos y convertir al régimen en una autocracia.
La oposición ha cifrado su esperanza en las resoluciones de la Suprema Corte para evitar que las anticonstitucionales reformas prosperen, sin embargo, ante el discurso y la actitud presidencial bien se les puede calificar como cándidos cuando menos.
No existe la intención de acatar los fallos que emita la corte, como tampoco ha existido el cumplimiento de las disposiciones del INE en observancia de las normas para las campañas electorales. Tanto el INE con su actual presidencia y la Suprema Corte tienen la oportunidad de demostrar su independencia y sujeción a la ley, pero la gran duda es si el poder ejecutivo se someterá a los dictados de la autoridad y de la ley. En lo personal lo dudo.
Ya en el pasado el presidente aprovechó el desacato a una resolución judicial para posicionarse electoralmente, y fue la tibieza política del régimen en su momento lo que le permitió hacerlo y postularse a la presidencia de la república.
El ser reincidente no le costaría trabajo, máxime en el momento actual en el que ha acumulado más poder que cualquier otro presidente, salvo Calles y Cárdenas, en los dos últimos siglos, sin que esto le impida llegar a una elección de estado, según se desprende de sus iniciativas en discusión.
En el fondo, el dardo envenenado arrojado a los ministros es un atentado grave al estado de derecho, pues al parecer no existe la intención de respetar, no las decisiones de los ministros por él cuestionados, sino de incumplir las mismas leyes que juró proteger y cumplir. Y quien viola la ley con premeditación y cálculo político es, en términos reales, no un gobernante sino un golpista.
En la conferencia mañanera predomina la intolerancia, el odio, la retórica que alienta al fanatismo, ese que hoy amenaza y amedrenta a los jueces y ministros. La misma horda que aplaude la dichosa transformación que pretende regresar el sistema democrático a la autocracia, donde la voluntad de una sola persona es la ley.
