Un juez decretó prisión para los detenidos y definirá su situación jurídica el próximo domingo
SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ
Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, decretó la prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte a José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, y a su compadre José Antonio Vargas Hernández, en la misma causa penal que tiene en la cárcel a Juan Collado, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El juzgador argumentó que el artículo 19 de la Constitución como en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene prevista dicha medida cautelar para el ilícito que persigue. Precisó según información de Abel Barajas de la Agencia Reforma, que Rico y Vargas permanecerán presos en el Reclusorio Norte por lo menos hasta que se determine si quedan o no vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El juez explicó que ”de ser procesados, seguirá vigente la medida cautelar (…) pero no podrá exceder de dos años, salvo en las excepciones que marca la propia ley o que la prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa. Si, cumplido este plazo de dos años el proceso no ha concluido, serán puestos en libertad”, dijo el juez.
A pedido de Rico Rico y Vargas Hernández, Vázquez Rea determinó duplicar a 144 horas el término legal para resolver su situación jurídica, por lo que acordó celebrar el próximo domingo a la 9:00 horas la audiencia en la que decidirá si los vincula o no a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero. La defensa de Vargas pidió duplicar el término legal porque requirieron al juez citar a tres personas en calidad de testigos, antes de que les definan la situación jurídica.
Uno de ellos es Sergio Hugo Bustamante Figueroa, el testigo estrella de la Fiscalía General de la República (FGR), cuya denuncia del pasado 7 de junio es el origen de la carpeta de investigación que hoy tiene tras las rejas al abogado Juan Collado y, de momento, a Rico y Vargas. Los otros dos que Vargas requirió son Jesús Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú, quienes en el papel aparecían como accionistas de Operadora de Inmuebles del Centro, la empresa que según la FGR simuló la venta del edificio sede de Caja Libertad en la ciudad de Querétaro.
Tanto Cárdenas como Frías ya declararon ante las autoridades que nunca fueron a ninguna asamblea de la empresa inmobiliaria ni eran accionistas, es decir, desmienten haberle dado a Vargas un poder de dominio para venderle el inmueble a Caja Libertad en 156 millones de pesos.
Dichos testimonios son los que hacen suponer a la Fiscalía que sus identidades fueron suplantadas para concretar una compra venta fraudulenta.
El juez Vázquez Rea acordó citarlos para la audiencia del próximo domingo y, aunque estos últimos viven en Nuevo León y Bustamante en Querétaro, apercibió con imponerles a los testigos una multa de 8 mil 449 pesos, en caso de que no asistan a la diligencia judicial.
Por su parte, la defensa de Rico dijo al juez que presentará como pruebas diversas sentencias de juicios mercantiles civiles relacionadas con la Caja Libertad.
La audiencia inicial de este martes inició a las 9:00 horas y culminó a las 15:00 horas, después de cuatro recesos.
Cabe destacar que durante la audiencia el fiscal Manuel Granados Quiroz -el mismo que consiguió la prisión preventiva de Rosario Robles- puntualizó que las capturas ocurrieron cuando circulaban en un vehículo en la carretera 57 Saltillo-Matehuala, pero en la localidad de San José de Raíces, Nuevo León.
Las aprehensiones fueron cumplimentadas a las 18:50 horas del lunes y de inmediato la Policía Federal Ministerial (PFM) los trasladó a la Delegación Estatal de la FGR en la capital potosina, a donde arribaron a las 23:00 horas del martes. Luego fueron llevados a la Ciudad de México.
Así las cosas, el domingo por la mañana se determinará la situación jurídica de Antonio Rico y José Antonio Vargas.
