En los últimos 27 años, el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) ha gastado casi 72 mil millones de pesos en la producción de la credencial de elector, que funciona como identificación nacional.
Así como en la construcción del Padrón Electoral, que contiene los datos biométricos de 99.6 millones de mexicanos. Ésta es la base de datos más confiable en el País, pues se calcula que almacena la información del 93 por ciento de las personas mayores de 18 años.
Frente a esa inversión, expertos electorales y en seguridad ven infructuoso y oneroso gastar en la expedición de una nueva identificación oficial, como será la CURP biométrica, cuando el INE cuenta con una infraestructura para expedir 15 millones de credenciales anuales.
Ese plástico, que no sólo sirve para votar, pues es solicitado en cualquier trámite, es infalsificable, al contar con 40 elementos de identificación y seguridad, características que, advierten los especialistas, difícilmente tendría el nuevo documento gubernamental.
Como sucedió en sexenios pasados, del PAN, PRI y Morena, la Presidente Claudia Sheinbaum revivió la intención de tener una identificación nacional y una base de datos que sirva como una herramienta para combatir al crimen y ayudar en la localización de personas desaparecidas.
Hace unos días, el Congreso aprobó en varias leyes la Clave Única de Registro de Población (CURP) con huellas dactilares y fotografía, que será el “documento nacional de identificación obligatorio”, por lo que, en físico o digital, deberá ser solicitado para cualquier trámite.
Además, se afirma que habrá una “interconexión” entre bases de datos públicas y privadas, y podrán consultarse por diversas autoridades de manera “inmediata”.
Dichas reformas prendieron focos rojos en dos temas: la sustitución de la credencial de elector por la CURP biométrica y el riesgo de que el Gobierno federal tenga acceso a la base de datos del Padrón Electoral.
Rumbo a una nueva identificación
Desde 1992, el Instituto expide una credencial de elector, la cual ha cambiado drásticamente en 30 años.
La confiabilidad de ese plástico ha requerido cifras millonarias. En 1998, el organismo destinó mil 47 millones de pesos en la actualización del Padrón Electoral y la producción de la credencial, pero para el 2025 la cifra subió a 4 mil 705 millones 957 mil 499 pesos.
Al año, a través de sus 842 módulos, el INE emite 15 millones de identificaciones. Por ejemplo, de noviembre a la fecha se han expedido 9 millones 251 mil 254 credenciales, y están pendientes de entregar 700 mil.
Para consejeros y ex funcionarios electorales esto demuestra que existe una infraestructura y estructura sólida y confiable para seguir emitiendo un documento que, en los hechos, es la identificación nacional. Incluso, entre sus datos está la CURP.
Para Edmundo Jacobo, quien fue Secretario Ejecutivo del Instituto durante 15 años, no será fácil posicionar una nueva identificación, pues a la credencial de elector le costó 33 años consolidarse.
Además, frente a las necesidades en infraestructura y servicios en el País, es cuestionable el gasto.
“Habría un doble gasto. El INE destina el 33 por ciento de su presupuesto para la producción de la credencial de elector, en mantener casi 900 módulos, en seguridad cibernética. De este tamaño es el costo, que no es del INE, sino del Estado mexicano, entonces debería aprovecharse.
“Tú vas al módulo a entregar tus datos personales, tus biométricos, con confianza, entonces no es cosa sencilla. Si el INE ya tiene ese reconocimiento social, pues que se use también para registrar a los menores de edad”, indica.
Para el ex consejero Marco Baños, desde el 2009, cuando el Gobierno de Felipe Calderón buscó una cédula de identidad, el Instituto realizó estudios en los que se advirtió que si las personas tienen otra identificación gubernamental, no tramitarían su credencial de elector.
Esto, afirma, desactualizaría el Padrón Electoral, y, en consecuencia, la participación en elecciones sería aún más baja. En la elección judicial fue del 13 por ciento.
“La ley dice que es obligatoria (la CURP), no hay opción para las instituciones ni las empresas. Entonces va a generar que las personas atiendan preferentemente ese mecanismo. Entonces el impacto va más allá.
“Lo que debería de hacerse es no engañar al pueblo de México, decirle que ‘es muy onerosa’, y aprovechar la infraestructura que ya existe”, coincide.
El consejero Arturo Castillo demanda que el Gobierno aclare cuál es el alcance de la nueva CURP, pues en la legislación la define como “única”.
“(La ley) dice que la CURP es la fuente única de identidad de las personas. ¿Qué significa
esto? ¿No voy a poder salir del País con mi pasaporte? ¿No voy a poder conducir con mi licencia o no voy a poder votar con mi credencial, y sólo lo voy a poder hacer con la CURP? Son preguntas que hay que resolver, es una cuestión de interpretación”, recrimina.
Para el consejero Uuc-Kib Espadas, ante los riesgos que representa una nueva identificación oficial en los procesos electorales, más que pedir prudencia al Gobierno, demanda una amplia discusión.
“Riesgos a futuro hay distintos. Dependerá de cómo se vayan concretando estas cosas.
Ellos tienen conocimiento del asunto, intencionalidad, y esto, más que un asunto de reflexión del Gobierno, amerita una discusión pública muy amplia”, apunta.
