El conflicto aéreo que actualmente enfrenta a México con Estados Unidos, particularmente con las aerolíneas estadounidenses y las autoridades aeronáuticas de aquel país, representa un nuevo episodio de tensión en la relación bilateral, pero también es reflejo de una política pública errática en materia de aviación civil y conectividad internacional, orquestada por una administración federal que privilegia decisiones unilaterales, ideológicas y centralistas, por encima del respeto a los acuerdos internacionales, la técnica aeronáutica y el interés nacional.
El epicentro de esta crisis está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuya saturación —real y provocada— ha sido utilizada como justificación para una serie de decisiones autoritarias por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y particularmente de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que han derivado en violaciones a los convenios bilaterales de aviación y provocaron una dura respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. La imposición de nuevas reglas para el uso de los slots (horarios de despegue y aterrizaje), así como la reducción forzada de operaciones, no sólo vulneran los derechos de las aerolíneas estadounidenses bajo el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos firmado entre ambas naciones, sino que trastocan profundamente la confianza en el Estado mexicano como regulador confiable y respetuoso de la legalidad internacional.
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la política aeroportuaria ha sido una suerte de vendetta contra el modelo de infraestructura privada y técnica que imperó en gobiernos anteriores. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue el primer golpe. Luego, la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), con recursos militares y sin suficiente análisis de demanda, se impuso como capricho presidencial.
Ante la poca aceptación del AIFA por parte de pasajeros y aerolíneas, el gobierno federal ha utilizado mecanismos regulatorios para obligar —literalmente— a las aerolíneas nacionales y extranjeras a migrar parte de sus operaciones al nuevo aeropuerto. La estrategia ha consistido en estrangular al AICM: primero reduciendo su capacidad operativa, luego prohibiendo las operaciones de carga, y más recientemente imponiendo una reducción arbitraria de slots que afectan vuelos domésticos e internacionales, sin estudios técnicos transparentes ni consulta con los operadores afectados.
Las decisiones de la AFAC han violado diversos instrumentos normativos. En primer lugar, contravienen el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos entre México y Estados Unidos, que establece un trato equitativo y no discriminatorio a las aerolíneas de ambas naciones. La reducción forzada de vuelos afecta directamente a aerolíneas como Delta Air Lines, que opera en código compartido con Aeroméxico, y ha visto limitada su capacidad para programar vuelos en rutas previamente acordadas.
Además, las reglas de asignación de slots deben regirse por las pautas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y los principios de transparencia, objetividad y consulta pública, conforme al Reglamento de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil mexicana. Nada de eso ocurrió. El decreto de reducción de operaciones en el AICM fue impuesto sin estudio técnico avalado y con una notoria falta de coordinación institucional.
El Departamento de Transporte norteamericano ha acusado estas decisiones como discriminatorias y contrarias al marco de cooperación bilateral. En respuesta, anunció la suspensión de autorizaciones para nuevas rutas solicitadas por aerolíneas mexicanas —particularmente Aeroméxico— y dejó abierta la posibilidad de imponer medidas recíprocas que podrían escalar en una guerra aeronáutica de consecuencias económicas graves.
Entre los principales afectados están el Grupo Aeroméxico y su socio estadounidense Delta. Ambas operan bajo un Acuerdo de Colaboración Conjunta aprobado en 2016, que les permite operar como si fueran una sola empresa en rutas entre México y Estados Unidos. La medida de las autoridades mexicanas, al reducir unilateralmente slots y limitar operaciones en el AICM, afecta directamente ese acuerdo, provocando una disminución en la competitividad de las aerolíneas frente a otros competidores.
Aeroméxico, que había iniciado una recuperación tras su proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos, se enfrenta nuevamente a la incertidumbre. Las restricciones impuestas afectan rutas clave hacia Los Ángeles, Nueva York, Dallas, y otras ciudades estadounidenses, en un momento en que la demanda de viajes internacionales va en aumento. Además, las medidas del gobierno mexicano podrían poner en riesgo la Categoría 1 de seguridad aérea, recientemente recuperada, después de dos años en los que México estuvo degradado por la FAA estadounidense debido a deficiencias en supervisión técnica.
Por su parte, Delta enfrenta un dilema operativo y reputacional. Si bien la empresa ha mantenido una postura prudente, en los círculos aeronáuticos norteamericanos existe un creciente malestar por el incumplimiento de México. La posibilidad de que Delta reduzca su colaboración con Aeroméxico o replantee sus operaciones conjuntas no es descartable si persiste el clima de incertidumbre.
Más allá del ámbito técnico, el impacto económico de este conflicto es profundo. El turismo binacional, que representa una de las principales fuentes de ingresos para México, depende en gran medida de la conectividad aérea. Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas hacia México, y las rutas aéreas son esenciales para sostener esa relación.
El sector empresarial también se ve afectado. La logística de negocios, inversiones y comercio exterior requiere certeza operativa. Las decisiones unilaterales del gobierno mexicano deterioran la imagen del país como destino confiable y competitivo. La Cámara Americana de Comercio en México ha advertido que este tipo de políticas pone en riesgo el entorno de negocios y podría desincentivar nuevas inversiones.
Lo más preocupante de esta crisis es que no es un accidente, sino una política deliberada. El gobierno federal ha optado por el uso del poder regulatorio como instrumento de presión, sin valorar sus consecuencias jurídicas, diplomáticas ni económicas. En lugar de fomentar la competencia y modernización del sistema aeroportuario nacional, se ha optado por imponer a la fuerza el uso del AIFA, aunque no cuente con la infraestructura, conectividad o demanda suficiente.
La opacidad con la que opera la AFAC, subordinada a los intereses del Ejecutivo y carente de autonomía técnica, refleja una captura institucional que daña al Estado mexicano. El uso del poder coercitivo para forzar el mercado atenta contra el principio de libre empresa consagrado en el artículo 25 constitucional y genera inseguridad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros.
La solución pasa, en primer lugar, por suspender las medidas unilaterales adoptadas respecto a los slots y regresar a un esquema de diálogo técnico con las aerolíneas y autoridades extranjeras. Es urgente reinstaurar un órgano verdaderamente autónomo y profesional para la administración del espacio aéreo mexicano, como lo fue la extinta Dirección General de Aeronáutica Civil.
Asimismo, se requiere replantear el modelo de gestión aeroportuaria del Valle de México. Si el AIFA quiere ser competitivo, debe ganarse su lugar por eficiencia y conectividad, no por imposición. Lo contrario solo conducirá a una profundización del conflicto con Estados Unidos, mayores sanciones y un aislamiento operativo que dañará al país entero.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad de corregir el rumbo. La reconstrucción de la confianza internacional, la recuperación de la técnica en la administración pública y el respeto a los acuerdos bilaterales deben ser parte del nuevo enfoque. De lo contrario, la aviación mexicana seguirá volando en medio de turbulencias que podrían costar mucho más que unos cuantos slots.
